Cientos de policías y militares se desplegaron este fin de semana en El Estor, Izabal, donde se declaró estado de sitio tras disturbios por una protesta contra una minera suiza.
Unos 500 soldados y 350 policías se abrieron paso, en camiones, patrullas e incluso en vehículos blindados, por las calles del poblado maya q’eqchi’, observaron periodistas de la Agencia Francesa de Prensa (AFP).
La comunidad está ubicado a una distancia de 315 km de la capital. Por carretera fue un camino de casi siete horas.
La movilización de las fuerzas de seguridad respondió a la orden del presidente Alejandro Giammattei sobre el estado de Sitio que estará vigente por 30 días.
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La medida limitará el derecho de manifestación y permitirá que los agentes hagan detenciones sin orden de juez. También se establece un toque de queda entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, así como otras restricciones, según el decreto publicado este domingo.
“En el municipio de El Estor (…) diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad”, indica el acuerdo.
Debían pagar otra vez, un supuesto derecho de paso, de lo contrario no podían acceder a sus comunidades.
Hoy PNC restableció la libre locomoción y el orden público. pic.twitter.com/4oBLPKWAif
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 23, 2021
El estado de sitio debe ser ratificado en los próximos días por el Congreso para que no pierda vigencia.
Intimidación a los manifestantes
El sábado, policías despejaron una carretera donde un grupo de indígenas permanecía en un plantón desde el 4 de octubre.
El grupo en resistencia denuncia que la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group, mantiene operaciones pese a que la justicia ordenó que fueran suspendidas mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria.
El grupo se opone a la minera por considerar que provoca daños ambientales.
También denuncian que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no los tomó en cuenta en el proceso que llevará la consulta comunitaria.
En el operativo en el que fueron desalojados, cuatro policías resultaron heridos de bala en las piernas, según un informe de la PNC. Varios pobladores fueron afectados por los gases lacrimógenos que lanzó el escuadrón antimotín, indicaron medios locales.
Fuerza Aérea Guatemalteca del #EjércitoGT | #MINDEF apoya en el traslado de agentes de la @PNCdeGuatemala, hacia la ciudad capital, quienes fueron heridos por pobladores en el departamento de #Izabal. pic.twitter.com/xkG3B8C2Ef
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) October 24, 2021
Abelino Chub, uno de los líderes indígenas que se opone a la explotación minera en El Estor, dio declaraciones a la AFP.
“Este estado de sitio obedece nada más para privilegiar y asegurar el trabajo de la minería”, indicó y añadió que el ataque a los policías fue por “infiltrados”.
Chub consideró que la limitación de derechos ciudadanos por el estado de Sitio, pretende atemorizar a la población que se opone a la empresa minera.
El líder comunitario también alertó que hay mayor persecución y criminizalización contra los dirigentes de las organizaciones comunitarias que se oponen a la empresa.
Orden de la Corte de Constitucionalidad
En junio de 2020, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió las operaciones de la CGN por el reclamo de comunidades indígenas que denuncian no haber sido consultadas sobre la explotación de minerales en su territorio.
La Corte precisó que el gobierno obvió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre consulta previa, libre e informada a los pueblos locales. También la resolución señaló que se incumplió con un estudio de impacto ambiental del área, por lo que ordenó realizar la consulta comunitaria.
El gobierno, en un comunicado, aclaró que la suspensión solo abarca una de las licencias otorgadas a CGN, pero que “la planta procesadora y otros derechos mineros (…) no están relacionados con la resolución” de la CC “por lo que, actualmente, su operación está vigente y se considera apegada a la ley”.
Con información de la Agence France-Presse (AFP).
