La audiencia de primera declaración de la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leyli Santizo, está prevista para este martes 15 de febrero.
La abogada fue detenida en seguimiento al caso denominado por el Ministerio Público (MP) como Cooptación y Corrupción Judicial, el cual está bajo reserva.
En tanto, la exfiscal que integró la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Eva Xiomara Sosa, quien también tenía orden de captura, se presentó ante tribunales, pero fue liberada.
Ambas deben comparecer en la diligencia que se iniciará hoy, en la cual se darán a conocer los señalamientos en su contra y se resolverá si enfrentarán o no proceso penal.
También se espera que el órgano jurisdiccional defina si deberán permanecer en prisión preventiva o se les otorgarán medidas sustitutivas.
#EUNacionales Leyli Santizo Rodas, quien integró la CICIG, fue capturada durante un operativo por el caso Cooptación y Corrupción Judicial.https://t.co/4hOccknNiy
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 11, 2022
Señalan "criminalización" de exintegrantes de CICIG y FECI
Después de que se conociera sobre la captura de la exmandataria de CICIG y los señalamientos contra la exfiscal de FECI han surgido una serie de opiniones en rechazo a lo que han calificado como “persecución” contra operadores de justicia.
La Alianza por las Reformas emitió un comunicado en el que señaló que, tanto Sosa como Santizo, son víctimas de una “criminalización descarada”.
Esto sería resultado de su trabajo, “por haber conducido investigaciones contra peligrosos criminales cuyos intereses ahora son protegidos desde la cúpula del MP”, se indicó.
Según añade la Alianza, las autoridades están enviando un mensaje de manipulación al principio de legalidad para perseguir a quienes lideraron casos relevantes.
También se han pronunciado distintos funcionarios estadounidenses y representantes de entidades internacionales.
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres tomó con "preocupación" la detención, indicó en un comunicado desde Nueva York su portavoz, Stéphane Dujarric.
"El Secretario General recuerda que los procesos judiciales deben cumplir con los requisitos de un juicio justo y del debido proceso", agregó.
En tanto, la administradora de USAID, Samantha Power, calificó la situación como “terrible” y mencionó que, en vez de proteger a los guatemaltecos de la delincuencia y la corrupción, la fiscal general Consuelo Porras utiliza su cargo para intimidar y perseguir a jueces y fiscales que defienden el estado de derecho.
Frente a las críticas, el MP respondió que tiene la obligación de investigar toda denuncia presentada, sin que eso signifique criminalización.
