El Organismo Judicial (OJ) informó que, a partir de este jueves, 22 de septiembre, se hizo efectiva la reinstalación de Blanca Aída Stalling Dávila en la Vocalía VII de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y como integrante de Cámara Civil.
Esto se dio luego de que la CSJ aceptara, por mayoría, una solicitud que planteó la abogada tras el cierre del caso en su contra, en el que se le señalaba del delito de tráfico de influencias.
La decisión de los magistrados se anunció el pasado 14 de septiembre y también se confirmó que se le estarían pagando los salarios y prestaciones dejados de percibir mientras estuvo suspendida del cargo, es decir, desde 2017. El monto supera los Q5 millones.
Con respecto a este tema, el portavoz del OJ dijo hoy que es un proceso que se realiza directamente en Recursos Humanos de dicho organismo y próximamente se ampliará la información.
La magistrada fue separada del cargo tras señalada por el delito de tráfico de influencias y por intento agravado de evasión, al intentar evadir a la justicia utilizando una peluca.https://t.co/4PSAerFrgu
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 15, 2022
¿Qué significa la reinstalación de Stalling en la CSJ?
En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó acerca de lo que significa para el país de la reinstalación de Stalling en la CSJ.
La analista política Claudia Villagrán dijo que el impacto más fuerte que tienen este tipo de decisiones, independientemente de la legalidad, es minar la confianza que se tiene en los órganos de control.
“Poco a poco se ha ido desgastando la imagen del OJ, la credibilidad en el Tribunal Supremo Electoral, hay toda una institucionalidad del Estado que está pasando por momentos muy duros en términos de la confianza que se deposita en ella por parte del ciudadano”, expresó.
Además, señaló que da la sensación de que se pretende controlar espacios que, en algún momento, pueden ser claves para ver quién participa y quién no en los procesos electorales. “También a quién se le va a dar finiquito, sacarle denuncia, negarle certificación o autorización para participar”, agregó.
De igual forma, mencionó que no duda que hay fuerzas muy interesadas en impedir algunas candidaturas.
“Hoy, los ciudadanos estamos poco confiados en que las próximas elecciones vayan a tener la transparencia y apertura que esperaríamos que tuviera”, puntualizó.
Mientras tanto, el exmagistrado de la CSJ, Luis Fernández Molina, manifestó que el sistema no es operativo. “Si había alguna causa realmente contra la magistrada Stalling debió haberse canalizado y procesado debidamente, en el sentido de que si ella visitó a un juez o no, que llevaba el caso de su hijo”, añadió.
Asimismo, compartió que ha platicado con algunas personas y le han dicho que “no tiene nada malo pedir”. Sin embargo, en su opinión, no es tanto eso, sino en qué condiciones se dio y si se escondió.
“Luego está lo de la evasión y el disfraz famoso. Yo no estoy diciendo que ella sea o no culpable, lo que estoy diciendo es que el sistema no fue capaz de determinar si es o no es”, expuso.
En ese contexto, al no ser capaz de establecerse una culpabilidad, realmente pasa a ser inocente, y por lo tanto, estuvo desocupada del cargo de magistrada.
“Esto habla en contra de la efectividad del sistema operativo y deja un regusto amargo en el paladar y una desmotivación que quizá sea parte del plan, porque mientras más electores haya, más es el riesgo de que la población vote en contra de quienes consideran partícipes de este caos”, concluyó.
