El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU) emitió un informe detallado, revelando una lista (Lista Engel) de individuos en Guatemala que han sido identificados por su participación en acciones que socavan la democracia y se relacionan con casos de corrupción.
Entre los nombres mencionados en el informe, destacan figuras de diversos ámbitos, incluyendo el Poder Judicial y la administración pública. Cinthia Monterroso Gómez, fiscal de la FECI, señalada por el Departamento de Estado por presentar “cargos penales infundados y políticamente motivados contra periodistas, quienes estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión protegida por la legislación guatemalteca”.
El juez Fredy Raul Orellana Letona, quien actualmente ejerce funciones, es señalado por autorizar “cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas, lo que ha generado preocupación en relación con la protección de la libertad de prensa en Guatemala”.
Walter Ramiro Mazariegos Biolis, el rector de la Universidad de San Carlos, fue incluido en la lista por supuestas irregularidades relacionadas con su nombramiento como rector, tras un proceso de selección que ha sido objeto de cuestionamientos.
Además, Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del administrador mayorista de energía en Guatemala, también fue incluido en la lista por su implicación en actos de corrupción significativa. Se le acusa de ofrecer beneficios oficiales a cambio de sobornos y coimas, lo que ha repercutido negativamente en los esfuerzos para mejorar la eficiencia energética y combatir el cambio climático en el país.
Otros guatemaltecos en la Lista Engel
La lista también incluye a Gendri Rocael Reyes Mazariegos, exministro de Gobernación, quien fue señalado por su “implicación en casos de corrupción significativa”.
Asimismo, Joviel Acevedo Ayala, el líder actual del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), quien fue mencionado en el informe por ofrecer apoyo político del STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos, lo que ha planteado preocupaciones sobre la integridad del sistema educativo del país.
Otro nombre relevante en la lista es el del juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, quien actualmente ejerce funciones y es acusado de autorizar cargos penales con motivaciones políticas contra periodistas, “lo que ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar el respeto a la libertad de expresión y la independencia judicial”.
El informe también menciona a Lesther Castellanos Rodas, un expresidente del Poder Judicial y actual Relator contra la Tortura de Guatemala, quien es señalado por tomar represalias contra un fiscal anticorrupción que presentó denuncias administrativas sobre su gestión en un caso penal.
Por otro lado, Melvin Quijivix Vega, el presidente actual del Instituto Nacional de Electrificación, fue incluido en la lista por supuestos actos de corrupción significativa, al utilizar su posición y conexiones para direccionar contratos gubernamentales a empresas específicas, incluida una empresa de su propiedad.
Finalmente, Omar Ricardo Barrios Osorio, actual presidente de la Junta Directiva de la Comisión Portuaria Nacional, por supuestamente conspirar para intimidar y acosar a un fiscal anticorrupción que denunció actividades corruptas.
