La exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, se pronunció este viernes 25 de agosto con respecto a la situación en el país, tomando en cuenta el desarrollo del proceso electoral en medio de una serie de acciones legales.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, la exjefa del Ministerio Público (MP) se solidarizó con el presidente y la vicepresidenta electos, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, pues destacó la gravedad de la información que se reveló ayer al otorgar medidas cautelares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Sin duda, es altamente preocupante, una persona externa que lo ve intuye que el MP, a través de un método especial de investigación, tomó conocimiento que había un plan para ejecutar un magnicidio”, dijo.
Mencionó que seguramente el conocimiento que se tuvo es que el plan estaba próximo a ser ejecutado, entonces se cumplió con el protocolo por parte de cuatro fiscales para avisar a las personas en riesgo que debían resguardarse.
Expuso que, además de las medidas enfocadas en proteger sus vidas, sin duda, debe haberse abierto investigación no solo para prevenir, sino para investigar de dónde viene y quiénes son las personas involucradas.
“Inteligencia en Investigación Penal es la que nutre el esclarecimiento de los hechos y, en su momento, podría ser judicializable. Son escuchas que se realizan con autorización judicial y por ser fiscales de la unidad contra las extorsiones, seguramente se obtuvo en el marco de otra investigación en marcha probablemente de una pandilla”, añadió Paz y Paz.
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Exfiscal señala “terrorismo penal”
A criterio de Paz y Paz, además del otorgamiento de las medidas en esa resolución, la CIDH describe no solo los hechos concretos de dos posibles planes para atentar contra la vida del presidente electo, sino todo un ambiente de criminalización, estigmatización en redes, pero también incluso amenazas.
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Aseguró que es algo extremadamente preocupante y atentatorio contra el proceso electoral las supuestas medidas precautorias o de investigación que han surgido, incluida la presentación antejuicios y diligencias después de la primera vuelta electoral y en este momento, que describió como muy delicado, en el que está pendiente de certificarse los votos.
“Esto se interpreta como terrorismo penal más que acciones legítimas de investigación criminal. No puede ser que en este momento se pidan retiros de antejuicios y se envíe información al Congreso. No está regulado para nada en ningún proceso que se envíe información de esta naturaleza (notificando la suspensión de la personalidad de un partido)”, expuso.
“No es el momento de estar haciendo estas acciones que más parecieran que están dirigidas a intimidar al TSE antes de certificar el resultado de las elecciones”, concluyó la exfiscal.
