En las últimas horas se han producido novedades sobre el caso Negreira, el turbio asunto de presunta existencia de corrupción sistémica en el arbitraje que supuestamente habría perjudicado a toda una serie de rivales deportivos de los azulgrana como el mismo Espanyol, y además son de calado; y es que se ha conocido que Hacienda investiga activamente al Barça por este tema.
En concreto, el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona solicitó a Hacienda que informe desde qué año el FC Barcelona ha presentado ante la Agencia Tributaria para su desgravación del Impuesto de Sociedades facturas de Dasnil, Nilsad y Soccercam, las tres pertenecientes al ex vicepresidente del CTA Jose María Enríquez Negreira y a su hijo Javier, ambos imputados en el procedimiento, junto al presidente barcelonista Joan Laporta y a dos de sus sucesores en el cargo, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, por los delitos continuados de soborno, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Las sociedades de Enríquez Negreira giraron facturas al FC Barcelona “sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real”.
El fallo de la Sentencia de la Sala cuarta del TJUE del 3 de febrero de 2021, en la que se basa el Juez instructor del caso #Negreira para determinar que una federación tiene naturaleza pública.
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Más irregularidades en el Caso Negreira
Con esta petición el juez Joaquín Aguirre pretende conocer si existen más irregularidades contables en este procedimiento que se inició tras un informe de Hacienda; la denuncia de la Fiscalía presentada en el juzgado indica que las sociedades de Enríquez Negreira, Dasnil 95 SL y Nisdal SCP giraron facturas al FC Barcelona «sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real”, algo por lo que la Hacienda ya abrió una inspección hace cuatro años contra el Barça por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.
La Agencia Tributaria solicitó al club barcelonista una copia de las facturas y los medios de pago utilizado, así como una copia de los vídeos y los informes supuestamente elaborados por Enríquez Negreira para justificar sus trabajos para el club azulgrana, pero el Barça no encontró la documentación requerida por lo que Hacienda dictaminó que el FCB no podía deducirse los gastos en el Impuesto de Sociedades y el IVA ya que no constaban las tareas presuntamente encargadas a los Negreira; la regularización de esta situación les costó abonar un millón de euros.
Posteriormente, en 2021, la Inspección de Hacienda planteó la propuesta de regularización referida al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2015 a 2018, por la que hubieron de pagar 404.249,52 euros más otros 52.324,74 de intereses de demora. La liquidación de los intereses de demora respecto de la liquidación del IVA de los ejercicios que van de 2015 a 2017 les supuso abonar 473.050,11 euros más otros 84.991,54. Pese a ello, el juez desea saber ahora si el Barça realizó la misma práctica en ejercicios anteriores con las sociedades de Enríquez Negreira y de su hijo, y de ahí su petición a Hacienda.
Dice el Confidencial q “Correos inéditos prueban que la RFEF iba a sancionar a Busquets, pero el castigo se desactivó”
ES VERGONZOSO q luego esta gente se queje d los árbitros y diga q el Real Madrid se acerca al poder pic.twitter.com/jdMAvyIRhd
— Benito (@_Benito___) October 28, 2023
El juzgado recuerda en un auto que “no existe siquiera contrato de prestación de servicios, que el precio parece completamente fuera de mercado y que la Agencia Tributaria ya lo calificó como una mera liberalidad, lo cual fue aceptado por el FC Barcelona, el cual pagó la multa que le impuso Hacienda y devolvió la cantidad indebidamente deducida del impuesto de sociedades”.
Si las cuotas defraudadas por el club mediante la deducción indebida de las facturas giradas a las sociedades de Negreira superaran los 120.000 euros que establece la ley para constituir un ilícito penal, se abriría la puerta a un delito contra la Hacienda pública, según han informado fuentes judiciales.
