La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó este jueves 11 de enero un amparo provisional a favor de la vicepresidenta electa, Karin Herrera, para que no se pueda gestionar la emisión de una orden de captura en su contra sin cumplir con los procesos de antejuicio establecidos en las leyes guatemaltecas.
El equipo de transición del gobierno electo confirmó la resolución del alto tribunal constitucional, emitida luego de que los magistrados conocieron en horas de la mañana la acción promovida por los representantes legales de la funcionaria que asumirá su cargo, junto al presidente electo Bernardo Arévalo, el próximo domingo.
Herrera presentó un recurso ante la CC, máximo tribunal del país, para detener una posible orden de captura en su contra y expuso que una acción de este tipo sería ilegal, tomando en cuenta que goza de inmunidad.
La acción de la vicepresidenta electa tuvo lugar después de rumores sobre nuevas acciones del Ministerio Público (MP) que la alcanzarían. La fiscalía la vincula con un supuesto caso de daños contra el patrimonio que se habría cometido en las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
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CC advierte que la vicepresidenta electa no puede ser arrestada
La Corte de Constitucionalidad advirtió en su resolución que la vicepresidenta electa, Karin Herrera Aguilar, goza de inmunidad y no puede ser arrestada por ninguna autoridad.
La corte indicó en un comunicado de prensa que la funcionaria cuenta con la figura del antejuicio, establecida por la ley guatemalteca como garante de inmunidad en caso de alguna acusación judicial.
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“Se ordena a todas las autoridades denunciadas se abstengan de solicitar y autorizar cualquier orden de aprehensión en contra de Karin Larissa Herrera Aguilar”, puntualizó la Corte de Constitucionalidad.
El equipo de comunicación de la vicemandataria entrante confirmó que la vicepresidenta se encuentra en Guatemala atendiendo reuniones privadas previo a la investidura.
Desde julio de 2023, el Ministerio Público ha intentado revertir la victoria electoral de Arévalo de León. En septiembre, el mandatario acusó públicamente a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra para evitar su investidura.
