La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo benefició al expresidente del Congreso de la República, Luis Rabbé, con medidas sustitutivas tras aceptar una acción planteada por su defensa en contra de la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, en la cual se le envió a prisión preventiva.
El exparlamentario enfrenta proceso penal por estar implicado en el caso denominado Plazas Fantasma y permanece en prisión desde el pasado 8 de agosto, cuando llegó al territorio guatemalteco tras ser deportado por las autoridades de México, país donde fue capturado meses atrás.
Rabbé se encuentra recluido en la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17 capitalina. De acuerdo con la resolución del mencionado juzgado, debería estar en esa condición mientras se desarrollaba la investigación en su contra; sin embargo, sus abogados accionaron legalmente para que pueda darle seguimiento a su situación sin estar tras las rejas.
“Fue admitido nuestro recurso de apelación. Eso lo hicimos desde hace un mes, esperábamos que fuera antes la resolución, pero bueno. Seguiré supeditado a proceso jurídico y vamos a continuar demostrando que esto es una situación política”, dijo el exdiputado al salir de la audiencia donde se anunció el fallo a su favor.
La sala le otorgó medidas que incluyen arresto domiciliario, arraigo y presentarse una vez al mes a colocar su huella en el sistema biométrico del Ministerio Público. También los magistrados instruyeron la prohibición de acercarse al Congreso de al República y el pago de una caución económica.
Señalamientos contra Luis Rabbé
Rabbé está implicado en la contratación irregular de personal en el Legislativo. Los hechos ilícitos se habrían registrado en el período 2015-2016 cuando era presidente de la junta directiva de ese organismo.
Según investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el exdiputado habría ordenado la creación de un total de 164 plazas. Se estableció que las personas contratadas no cumplían con el perfil del puesto. Además, se le habría dado posesión retroactiva de sus cargos.
En ese contexto, la Fiscalía le atribuye los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
