La reciente publicación del comunicado de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), en el que se asegura que la remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores "no será judicializada", llega en un momento especialmente tenso. Su difusión ocurre apenas días después de la conferencia de prensa ofrecida por la diputada Karina Paz, quien presentó los hallazgos de la fiscalización que ha realizado en el recinto deportivo y señaló inconsistencias en la ejecución del proyecto. Este contexto convierte el comunicado no solo en una actualización administrativa, sino también en un posicionamiento político frente al creciente escrutinio público.
Según la CDAG, la remodelación del estadio inició su planificación en 2021 y atravesó varios tropiezos antes de concretar un contrato en noviembre de 2024. A pesar de los retrasos y ajustes en el cronograma, la entidad asegura que el proyecto alcanzó un avance del 35.43% y que se ha dado estricto seguimiento técnico y administrativo a cada fase. Sin embargo, este mismo seguimiento revela que los atrasos son atribuibles al contratista, lo que llevó a la solicitud —rechazada— de una prórroga de 11 meses en octubre de 2025. La CDAG subraya que las causas del retraso fueron responsabilidad de la empresa adjudicada, y señala omisiones como la falta de materiales necesarios para la instalación de la nueva tecnología híbrida del terreno de juego.
¿Qué viene para la CDAG?
La situación escaló cuando la Contraloría General de Cuentas recomendó rescindir el contrato para evitar una judicialización que podría estancar la obra por tiempo indefinido. Como respuesta, el contratista solicitó formalmente una rescisión de mutuo acuerdo, comprometiéndose a no emprender acciones legales. La CDAG aprobó esta salida argumentando la necesidad de garantizar la continuidad futura del proyecto mediante una nueva licitación, asegurando al mismo tiempo que el contratista cumpla con obligaciones pendientes, como el pago a trabajadores y el saneamiento del área intervenida. Con ello, la institución intenta cerrar un capítulo conflictivo sin que el proyecto se hunda aún más en la burocracia.
No obstante, este comunicado —que también rechaza tajantemente lo que describe como "desinformación" generada por personas con intereses particulares— no detiene las interrogantes que la población y distintos sectores han planteado.
Más bien, su tono defensivo y su publicación inmediata después de la fiscalización presentada por la diputada Paz sugieren una intención de contener el impacto político y mediático que han provocado los cuestionamientos sobre el manejo del proyecto. El llamado de la CDAG a informarse únicamente por sus canales oficiales evidencia que la disputa ya no es solo sobre el avance físico de la obra, sino sobre el control del relato público en torno a uno de los recintos deportivos más importantes del país.
