Román González Ponti, quien fue responsable de los servicios jurídicos del FC Barcelona, atribuyó a la directiva encabezada por Josep Maria Bartomeu la decisión de pagar 1,7 millones de euros al abogado que defendía al expresidente en el denominado caso Neymar. El exdirectivo declaró este lunes como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona, en una causa que analiza presuntas irregularidades en el manejo de fondos del club durante la etapa de Bartomeu, entre 2014 y 2020.
La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía, que acusa a Bartomeu de haber desviado presuntamente cuatro millones de euros mediante comisiones e intermediaciones que se habrían realizado al margen de los intereses del Barcelona. El origen del caso se encuentra en un informe elaborado por el propio club durante la actual presidencia de Joan Laporta y entregado a la Fiscalía en 2022, en el que se señalaron posibles irregularidades contables relacionadas con diferentes operaciones de fichajes.
Siguen las investigaciones del Caso Neymar
Uno de los puntos bajo investigación es el pago realizado en 2016 a José Ángel González Franco, abogado de Bartomeu durante el caso Neymar. El Barcelona abonó 1,7 millones de euros después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, mediante el cual el club reconoció dos delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el fichaje del delantero brasileño y aceptó pagar una multa de 5,5 millones de euros. Según la Fiscalía, ese pago al abogado se aprobó inicialmente sin pasar por la junta directiva y, además, quien defendía legalmente al Barcelona en el acuerdo era el abogado Cristóbal Martell.
Durante su declaración, González Ponti se desvinculó de la decisión sobre cuánto debía cobrar González Franco y señaló que esa determinación correspondía a la directiva, mientras que él únicamente habría dado su opinión. Al mismo tiempo, defendió que los honorarios eran razonables, pues representaban el 10 % del dinero que, según su versión, el Barcelona se ahorró gracias al acuerdo con la Fiscalía.
La investigación también cuenta con el testimonio de un representante de la aseguradora AIG, quien explicó que inicialmente se habían pactado 200.000 euros por la defensa de Bartomeu, aunque posteriormente el abogado reclamó cantidades adicionales. La Fiscalía sostiene que, al no asumirlas la aseguradora, terminaron siendo pagadas por el Barcelona, una situación que podría implicar que el club asumió gastos correspondientes a la defensa personal de su entonces presidente.
