El segundo volumen del Séptimo Informe Estado de la Región sobre democracia y autoritarismo en Centroamérica y República Dominicana, elaborado recientemente por el Estado de la Región, advierte en primera instancia sobre el avance de tendencias autoritarias en la región y la coexistencia de diversos regímenes políticos, desde democracias liberales hasta autocracias, incluyendo semidemocracias y regímenes que combinan rasgos democráticos con otros autoritarios, que se conocen como regímenes híbridos.
De acuerdo con el Séptimo Informe Estado de la Región, durante el período 2018-2024 hubo una regresión democrática marcada en la mayoría de los países, con manifestaciones e impactos distintos en los países.
Diversos índices muestran que Nicaragua y El Salvador presentan un profundo retroceso democrático que, por su magnitud, los acerca a las épocas del siglo XX donde experimentaron gran inestabilidad y conflicto político.
En el caso de Guatemala y Honduras los resultados son mixtos y volátiles. En cambio, hay mucho mayor estabilidad en Costa Rica, Panamá y República Dominicana, los países mejor calificados en las diversas evaluaciones internacionales.
Según el Informe, la región enfrenta desafíos significativos en términos de la independencia entre los poderes del Estado, la gestión electoral, restricciones para el pluralismo político, respeto a los derechos y libertades fundamentales.
Entre los hallazgos clave destacan el debilitamiento de la independencia judicial y de los Consejo y Tribunales Supremos Electorales, el debilitamiento del apoyo ciudadano a la democracia y la concentración del poder en el Ejecutivo en varios países.
Además, la libertad de prensa ha sufrido retrocesos generalizados, con agresiones y restricciones que limitan el ejercicio del periodismo independiente. Honduras y Nicaragua viven los escenarios más complejos para la libertad de prensa en toda la región, indica.
En cuanto a las actitudes ciudadanas, el informe identifica una tendencia creciente hacia la ambivalencia democrática, con sectores de la población conocidos como "populistas" que, aunque apoyan la democracia, muestran disposición a respaldar liderazgos autoritarios en busca de soluciones inmediatas a problemas estructurales. De acuerdo con los resultados de Lapop, en El Salvador el 55,2% de la población manifiesta su apoyo a un líder autoritario que resuelva los problemas. En República Dominicana el apoyo se reduce al 32,8% y en los demás países es menor al 23%. No obstante, los datos revelan que la mayoría de la población aún valora la democracia como el mejor sistema de gobierno, aunque con reservas sobre su eficacia actual.
"Centroamérica y República Dominicana son un laboratorio político en donde conviven diversos sistemas políticos. La tendencia regresiva observada en varios países es una señal de alerta para la región y exige un renovado compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos fundamentales".
Alberto Mora, Coordinador de Investigación del Séptimo Informe del Estado de la Región
El informe concluye que la democracia en la región enfrenta múltiples desafíos y que los próximos años serán determinantes para la estabilidad política en Centroamérica y República Dominicana.
La consolidación de la democracia dependerá de la capacidad de cada país para fortalecer sus instituciones, garantizar el Estado de derecho y fomentar un diálogo inclusivo que permita avanzar hacia sociedades más justas y equitativas.
Guatemala
La situación política de Guatemala es endémicamente incierta, pues su proceso democratizador ha sido, y es, muy limitado. Tras varios años de avances democratizadores una vez finalizados los gobiernos militares en los años ochenta del siglo pasado, el proceso político se estancó en un régimen híbrido.
Recientemente, las regresiones políticas más preocupantes ocurrieron durante los mandatos de los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, destaca el informe.
A pesar de que las elecciones en Guatemala pueden considerarse al menos regulares y consistentemente estables en las últimas dos décadas, Guatemala enfrentó fuertes episodios de turbulencia política durante las elecciones del 2023.
Esa campaña electoral estuvo marcada por una alta judicialización y acciones controvertidas del Ministerio Público, que involucró al Tribunal Supremo Electoral en múltiples casos penales.
Uno de los temas que marcó el período preelectoral fue la descalificación de los candidatos con posibilidades de enfrentar al statu quo consolidado por los vínculos del presidente Giammattei, limitando la competencia electoral.
De acuerdo con los registros de la Organización de Estados Americanos (OEA) al menos un 10% del total de candidaturas fueron excluidas de la contienda, incluyendo cuatro binomios presidenciales.
"El papel protagónico del Ministerio Público ha sido clave para sembrar un clima de incertidumbre al cuestionar la legitimidad de las elecciones y, en especial, del partido Movimiento Semilla del candidato Bernardo Arévalo, al punto de solicitar, en diciembre del 2023, la anulación de las elecciones y el retiro de las credenciales del candidato electo, lo que generó voces críticas dentro y fuera del país, así como movilizaciones sociales en defensa de la democracia.", indica el informe.
Dos factores que agudizan la debilidad institucional de Guatemala son la marcada politización de su sistema judicial, lo que erosiona su independencia y la presencia de amplias redes de corrupción, la más visible de ellas la conocida como "pacto de los corruptos", denominada así por la opinión pública. Desmontar esta red es uno de los mayores retos que enfrentarán las nuevas autoridades de gobierno.
Libertad de expresión
El informe también destaca que durante los últimos años son evidentes en Guatemala, junto con El Salvador, las restricciones al ejercicio pleno de la libertad de prensa y libertad de expresión.
Según el indicador de Reporteros sin Fronteras (2024), en estos países el entorno para el periodismo se ha vuelto "difícil".
En Guatemala, el deterioro en la libertad de expresión ha implicado agresiones y procesos judiciales arbitrarios, así como la intimidación y la difamación contra periodistas en el desempeño de su labor. Según reporta la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), en el 2021 se dieron aproximadamente 135 casos de agresiones a periodistas, mientras que el 2022 cerró con 117. Para el 2023, esta organización contabilizó un total de 20 periodistas en el exilio.
Las expectativas generadas en la población por el reciente cambio de gobierno y las movilizaciones a favor de respetar el orden institucional en las pasadas las elecciones, podrían generar a futuro cambios en las actitudes y posiciones políticas de la población que modifique este perfilamiento; sin embargo, se deberá esperar nuevas mediciones para dimensionar y caracterizar esos cambios.
