La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó su rechazo a los bloqueos registrados este lunes, que han sido promovidos por diversos grupos de la sociedad, incluido el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). En su comunicado, la CIG solicitó a las autoridades que garanticen la libre locomoción y protejan los derechos fundamentales de los guatemaltecos, haciendo un llamado a "no tolerar estas acciones que interrumpen el flujo normal de actividades cotidianas".
Si bien la CIG respetó el derecho a la manifestación pacífica, enfatizó que alterar el orden público y bloquear el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud y el trabajo, afecta de manera significativa a la población.
Las medidas de hecho ilegales, como los bloqueos, vulneran derechos fundamentales y afectan la vida diaria de los guatemaltecos", se señala en el comunicado.
La Cámara advirtió que estas prácticas recurrentes de obstruir vías importantes no deben ser vistas como una forma legítima de protesta, ya que impactan negativamente en la movilidad de las personas, la seguridad y el desarrollo económico del país. "Tener un país paralizado afecta a todos", concluyó la CIG.
Corte de Constitucionalidad emite amparo ante bloqueos
En paralelo, la Corte de Constitucionalidad (CC) intervino ante la amenaza de nuevos bloqueos programados por CODECA y los 48 Cantones de Totonicapán, ordenando medidas para proteger los derechos constitucionales de los guatemaltecos. En un comunicado emitido el domingo 27 de abril de 2025, la CC otorgó un amparo provisional y ordenó al presidente Bernardo Arévalo y las autoridades correspondientes garantizar la libre locomoción y el derecho a la manifestación pacífica, sin que ello afecte el ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos.
La CC instruyó a que se implementen acciones que permitan a los guatemaltecos realizar sus actividades diarias sin restricciones, como la habilitación de carriles alternativos en las rutas bloqueadas y la coordinación con cuerpos de seguridad para preservar el orden público.
Con este amparo, la Corte reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos, resaltando la necesidad de un equilibrio entre el ejercicio del derecho de manifestación y la preservación del orden público, que garantice la seguridad, la salud y la libertad de locomoción de todos los ciudadanos.
