El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, manifestó su preocupación por la detención de los exintegrantes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, por lo que calificó de "arbitraria" la investigación por supuesto terrorismo.
Por medio de un comunicado emitido este martes 20 de mayo, la referida entidad señaló que se ha hecho un "uso arbitrario" de las leyes antiterroristas contra los líderes indígenas guatemaltecos.
Pacheco y Chaclán fueron capturados semanas atrás debido a que la fiscalía los vincula con un caso que surgió de la investigación por las protestas ciudadanas realizadas en 2023 en defensa de la democracia. El Ministerio Público les atribuye una serie de cargos, incluidos asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia.
A criterio del laboratorio, la criminalización de estas personas, de quienes enfatizaron que son reconocidas por su papel en la movilización democrática pacífica, genera serias inquietudes, especialmente considerando que las acusaciones se basan en "disposiciones vagas" y amplias de la legislación guatemalteca contra el terrorismo.
"Este caso se enmarca en un contexto más amplio en el que diversos organismos internacionales y regionales han manifestado su alarma por el abuso de poder y la instrumentalización del sistema por parte del Ministerio Público", resaltó la entidad.
Agregó que, en un informe emitido en 2024, el laboratorio señaló que el Ministerio Público ha sido objeto de múltiples señalamientos oficiales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas y otros actores internacionales, en los que se concluye que ha utilizado el derecho penal para perseguir a opositores políticos, operadores de justicia independientes, periodistas y defensores de derechos humanos.
"Esa misma autoridad es ahora la que impulsa cargos de terrorismo contra personas que han sido abiertamente críticas de la fiscal general y han participado en protestas protegidas por la Constitución", cita el comunicado.
Herramienta de "persecución política"
Adriana García, abogada y jurista con amplia experiencia, especializada en el Estado de derecho, derechos humanos, las reparaciones y la independencia judicial, quien es parte del equipo del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho, amplió detalles del pronunciamiento.
"Este caso cabe perfectamente en la utilización del derecho penal como herramienta de persecución política, y más con el uso de leyes antiterroristas, que también en otros países se ha utilizado para perseguir a operadores políticos", dijo durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
Agregó que la acusación de terrorismo, como aseguró que lo detallan los estándares internacionales, es un delito que se tiene que tipificar de forma muy específica. En ese sentido, consideróq ue en este caso, que es un derecho de protesta, que también está protegido por todos los estándares internacionales y por el derecho guatemalteco, resulta un claro abuso de poder para cobrar esas disputas que se tienen en contra de estos los dirigentes indígenas.
"Esto se ve como una sanción a la protesta y como una sanción al proteger la democracia en Guatemala", enfatizó.
