El embajador de la Unión Europea (UE) en Guatemala, Thomas Peyker, reveló que uno de los guatemaltecos sancionados por su presunta participación en acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en el país ha apelado la aplicación de esta medida.
Aunque no brindó detalles con respecto al nombre del ciudadano o ciudadana ni referencias sobre quién podría tratarse, el diplomático indicó durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que esta persona envió una carta a la UE apelando la decisión del Consejo que emitió sanciones restrictivas en su contra.
El entrevistado agregó que la gran diferencia de las sanciones de la UE con las de los Estados Unidos, específicamente de la famosa "lista Engel", según sus palabras, es que pueden apelar.
"Había una carta que han enviado y eso va a un trámite legal. Yo no puedo decir (el tiempo que dura), porque no está en nuestras manos. Hay dos posibilidades de ver eso: a través del Consejo, que son los representantes de los 27 países miembros de la Unión Europea, o directamente al tribunal de justicia europea y allí está en manos de juristas y de un proceso judicial. En eso no tenemos ninguna posibilidad de agilizar o decir en cuánto tiempo se resolverá", indicó Peyker.
Con respecto a las disposiciones que toma la UE, el diplomático aclaró que no se sanciona a ningún país, sino que se trata de temas individuales. "Estamos hablando de algunos actores corruptos y antidemocráticos que están socavando la democracia en Guatemala", dijo.
"Las sanciones, hay que clarificar también porque siempre están hablando de injerencia, eso no es una injerencia si un país no permite la entrada de personas extranjeras a su territorio. Es una decisión autónoma. Tampoco es injerencia si un país o un grupo de países, como la Unión Europea, no quiere que este tipo de gente haga sus negocios y transacciones financieras en sus territorios. De eso se trata", agregó.
Sanciones de la UE contra guatemaltecos
Fue en febrero de 2024 que se difundió el listado de la UE en el que se incluyó a cinco guatemaltecos contra quienes se aplicaron medidas restrictivas por considerar que habrían cometido acciones para socavar la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala.
En el listado de personas sancionadas se incluye a la fiscal general, Consuelo Porras, y otros tres funcionarios del Ministerio Público (MP): el secretario general, Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y la fiscal Leonor Morales. También figura el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.
Mientras tanto, un año después de ese primer anuncio se informó que se extendería la vigencia de las medidas hasta enero de 2026, por lo que en ese período las personas estarán sujetas a restricciones de viaje que les impiden entrar en los Estados miembros de la UE o transitar por ellos, y a una congelación de activos, explicó el Consejo de la UE en un comunicado.
La UE sumó al referido listado a otras tres personas y una entidad en junio de 2025. Se trata de la la Fundación contra el Terrorismo, su presidente Ricardo Méndez Ruiz y representante legal Raúl Falla; al igual que el juez Décimo Penal, Jimi Bremer, de quienes el Consejo señaló un supuesto comportamiento contra la democracia y el estado de derecho, que incluye la persecución e intimidación contra ciertos sectores.
De acuerdo con lo dicho hoy por Peyker, se ha optado por aplicar restricciones a quienes públicamente han expresado que quieren deslegitimar los resultados de las Elecciones 2023 y han declarado que ese Gobierno es ilegítimo.
"Eso, en nuestra opinión, es algo muy fuerte, porque el principio más fundamental en la democracia es reconocer los resultados electorales y esto no tiene que ver con ninguna ideología, es simplemente reconocer la voluntad del pueblo y cuando una institución trabaja en contra de esto es algo muy grave y por eso se aplicaron las sanciones", puntualizó.
