El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Gobernación, confirmó este viernes 26 de septiembre que Aldo Duppie Ochoa, alias "el Lobo", uno de los máximos líderes de la pandilla del Barrio 18, continúa recluido en la cárcel Renovación 1. Además, reiteró que mantendrán la lucha legal para evitar que sea trasladado a un recinto de menor seguridad.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, indicó durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que a pesar de que se han orquestado todo tipo de acciones para trasladar al privado de libertad a un centro de menor seguridad.
"Pero no cederemos ante presiones. No cedimos antes y menos lo haremos ahora. Responderemos con todas las herramientas legales que tenemos para oponernos a cualquier decisión judicial que nos mandate el traslado de ‘el Lobo", expresó.
Asimismo, el funcionario reiteró que "toda acción tiene una reacción". Ante lo cual enfatizó que la respuesta de parte de la cartera a su cargo será firme, legal y del lado de las y los guatemaltecos.
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Jueza autorizó traslado de "el Lobo"
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó el pasado 18 de septiembre la existencia de una orden judicial para el cambio de prisión de "el Lobo", de 40 años, quien cumple condena por los delitos de asesinato, robo, asociaciones ilícitas, robo agravado, y asesinato en grado de tentativa.
El privado de libertad fue trasladado el pasado 31 de julio a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, ubicada en Escuintla, junto con otros nueve reos, cabecillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, con el objetivo de fortalecer el control de las autoridades sobre los mismos, pues en ese recinto se mantienen aislados.
La defensa de Ochoa accionó ante los órganos de justicia y, según Jiménez, una jueza ordenó recientemente el traslado del recluso a Fraijanes II, una cárcel de menor seguridad, la cual describió como "su antiguo centro de operaciones criminales".
Según el oficio del traslado del privado de libertad, la jueza Lisbeth Mireya Batun Betancuourt resolvió autorizar dicho movimiento con base a los informes que emitieron la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
