El Gobierno de Guatemala anunció este viernes, 3 de octubre, que el presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, decidió vetar el Decreto Número 07-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que fue aprobado por el Congreso de la República.
La normativa fue avalada por los parlamentarios durante la sesión realizada el pasado lunes 2 de septiembre. Se aprobó de Urgencia Nacional por considerar que permitirá el desarrollo local y comunitario.
Según el Congreso, el nuevo decreto busca asegurar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 para los proyectos de desarrollo que han sido interrumpidos por diversos factores administrativos y técnicos, como la falta de asignación de fondos.
Ejecutivo advierte "vicios"
Desde su aprobación, el Gobierno inició con el análisis del referido decreto, un proceso que profundizó después de recibir oficialmente el mismo para determinar si lo avalaría o no. En medio de esa fase surgió una serie de pronunciamientos de parte de diferentes sectores, la mayoría pidiendo su veto, pero también, en especial los alcaldes, exhortaban a que fuera sancionado.
En tanto, por medio de un comunicado, el Ejecutivo indicó hoy que el análisis realizado a esta normativa permitió advertir "vicios de inconstitucionalidad" que violan los artículos 2, 119, 154, 171 b) y 238 de la Constitución Política de la República.
Este organismo añadió que tiene un "enorme compromiso" con el desarrollo local y comunitario, que respete la Constitución de forma transparente, "sin atajos que vulneren principios constitucionales" y comprometan el buen uso de los recursos públicos.
"Debemos contar con presupuestos sólidos, éticos y centrados en el bienestar del pueblo, pero también ejecuciones que nos permitan recobrar la confianza en el Estado. Un Estado que, por años, ha sido sometido a redes de corrupción que únicamente han agravado las condiciones de bienestar de las y los guatemaltecos", señaló.
También aseguró que la actual administración gubernamental trabaja en defensa de la transparencia, la estabilidad fiscal y el Estado de Derecho, así como en la construcción de una Guatemala que garantice la dignidad de cada persona, con más y mejores servicios públicos.
En ese contexto, tras confirmarse el veto, el Ejecutivo indicó que reconoce la necesidad de garantizar la ejecución de obra pública para dar respuesta a las necesidades municipales, por lo que explora alternativas al Decreto 7-2025 y trabajará con el Congreso para poder alcanzar acuerdos enfocados en el desarrollo local, "sin sacrificar los esfuerzos por la transparencia y calidad del gasto público".
