El Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal dictó este martes, 8 de octubre, una sentencia condenatoria contra Rafael Eduardo González Rosales, exalcalde de San Miguel Petapa, por los delitos de lavado de dinero u otros activos con agravante específica y peculado en forma continuada.
De acuerdo con información compartida por el Ministerio Público (MP), el caso contra el exjefe edil fue investigado por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la cual presentó los elementos correspondientes ante el órgano jurisdiccional para respaldar los señalamientos.
La investigación que vincula al exfuncionario surgió en seguimiento de una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos, en la cual se notificó que se había identificado anomalías en la emisión de 26 cheques de la cuenta del Tesoro Municipal de San Miguel Petapa.
Agregó que, para tratar de darle una apariencia de legalidad a las referidas acciones, se extendieron estos documentos a favor de personas que no trabajaban en esa municipalidad por supuestos servicios prestados, prestamos a empresas, que posteriormente trasladaban los fondos al alcalde municipal
"Estos fueron emitidos a favor de distintos beneficiarios que no laboraban para la alcaldía y a favor de una entidad inexistente, por la cantidad de Q1,917,226.00, que tuvieron como destino la cuenta personal del exalcalde", detalló el MP.
De acuerdo con la Fiscalía, estos hechos fueron demostrados por medio del análisis financiero de la Dirección de Análisis Criminal, de examen especial de auditoría de la Contraloría General de Cuentas y otra información financiera obtenida.
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Los elementos que respaldaban tales señalamientos contra González fueron presentados ante el juez competente en la audiencia realizada en las últimas horas. Además, la defensa planteó la disposición del sindicado de someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos.
En ese contexto, el Juzgado Cuarto resolvió dictar una pena de cinco años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años al procesado.
