El Gobierno ha insistido en que se dio cumplimiento a las leyes vigentes y preceptos constitucionales en cuanto al veto del presidente Bernardo Arévalo que se emitió al Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Esto debido a que el Congreso desconoció la decisión bajo el argumento de que se dio fuera de tiempo.
El secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, dijo este jueves 9 de octubre durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la acción de 84 diputados que ignoraron ese veto se basó en "argumentos güisachezcos" y anunció acciones ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para impedir que el mencionado decreto entre en vigencia.
De acuerdo con el funcionario, al aprobar el acuerdo legislativo 6-2025 en el que se desconoce el veto, los parlamentarios decidieron desconocer la propia Constitución Política de la república, aplicando "en fraude de ley" un decreto legislativo de 1968.
En cuanto al plazo en el que se devolvió el decreto al Congreso y por qué se dio casi cuando estaba por concluir, el entrevistado indicó que hay decisiones que se toman políticamente, pero resaltó que se hizo en el día 14 hábil, no fue en el último momento como, según indicó, algunos diputados aducían indicando que fue en el día 15.
"Devolvimos al Congreso de la República, basándonos en el artículo 178 de la Constitución, el 3 de octubre de 2025 el decreto vetado. Nosotros analizamos, previamente a enviar el decreto vetado, 50 acuerdos gubernativos que contenían vetos presidenciales de 1994 a 2022, de ellos, la mayoría se han presentado el día 13, 14 e inclusive el 15. Es decir, nunca se había dado el caso de que a través de argumentos ‘güisachezcos’, como los que presentaron dos expresidentes del Congreso que actualmente son diputados, se diera un caso en que se viola flagrantemente el derecho constitucional del presidente a ejercer el veto", resaltó Guerrero.
Acciones legales
El secretario de Presidencia mencionó que ya habían analizado los distintos escenarios y tenían prevista la posibilidad de plantear acciones constitucionales en caso que, "con algún argumento falaz", los diputados intentaran no entrar a conocer el veto o, en su defecto, si se entraba a conocer y se hacía uso de la primacía legislativa, ya se tenían argumentos constitucionales para poder defenderse.
Al ser cuestionado con respecto a si los legisladores que avalaron este tema podrían haber incurrido en algún delito, indicó que es probable, pues consideró que hay fraude de ley.
"Pretender utilizar un decreto legislativo de 1968 y ponderarlo por encima de la Constitución, malinterpretando las normas jurídicas, a sabiendas de lo mismo, eso es posiblemente constitutivo del delito", manifestó.
Finalmente, señaló que como Ejecutivo harán uso de las acciones constitucionales que están reguladas y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. También afirmó que la CC es el órgano competente para conocer este tipo de acciones constitucionales que serán emprendidas.
