La Comisión Nacional del Salario, adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, emitió un comunicado este jueves, 16 de octubre, con respecto a la discusión tripartita que se realiza para la fijación del salario mínimo correspondiente al año 2026.
Según detalló, se conoció la postura que presentó cada uno de los tres sectores representados, tomando en consideración el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Guatemala y de la normativa nacional en materia laboral.
Sin embargo, al no existir consenso, la Comisión reiteró que, conforme a la legislación vigente, la decisión final sobre el ajuste del salario mínimo corresponde al Presidente de la República de Guatemala.
En el marco del análisis del tema, añadió que reconoce el valor del diálogo social como herramienta esencial para la construcción de consenso y reafirmó su compromiso con una política salarial que equilibre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores, la sostenibilidad de las empresas y el impulso al crecimiento económico.
En ese sentido, la comisión reiteró su disposición de continuar fortaleciendo el diálogo y destacó que es prioritario avanzar en una política salarial, como parte integral de la estrategia nacional para mejorar las condiciones laborales y en la construcción de un desarrollo inclusivo y sostenible.
Salario mínimo vigente en Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo anunció en diciembre pasado que el salario mínimo para 2025 en actividades no agrícolas pasaría de 3 mil 384 quetzales a 3 mil 723 quetzales. Mientras tanto, la actividad agrícola tendría un nuevo salario mínimo de 3 mil 593 quetzales, superior en 10 % al fijado anteriormente en 3 mil 266.
Por su parte, la remuneración para las actividades laborales vinculadas a la maquila y las exportaciones, que tuvo un aumento del 6% ordenado por Arévalo, pasó de 3 mil 093 quetzales a 3 mil 278 quetzales.
Al respecto, el sector empresarial manifestó que Guatemala necesitaba estabilidad y formalidad como base para el desarrollo. Sin embargo, consideró que las medidas como el aumento decretado "sin un análisis técnico sólido" ponen en riesgo la estabilidad económica y social del país, comprometiendo el bienestar de miles de familias.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7
