El Gobierno de Guatemala confirmó este miércoles, 5 de noviembre que, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y en Consejo de Ministros, el presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 9-2025, reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 68-86), por considerar que implicaba un grave retroceso ambiental para el país.
La referida ley fue aprobada por el Congreso el pasado 30 de septiembre. En ese momento, se destacó que se había actualizado un instrumento creado hace 39 años con el objetivo de impulsar acciones claras sobre los estudios de impacto ambiental.
"Para que su implementación sea de manera acorde, con el conjunto de normas propias elaboradas para la protección, mejoramiento, evaluación, mitigación y el uso sostenido de los recursos naturales", destacó el Legislativo.
Entre otras modificaciones, el parlamento agregó un artículo a través del cual se exceptuaba la aplicación de los requisitos de impacto ambiental a instituciones benéficas, religiosas, los servicios profesionales individuales y las ventas de la economía informal (incluyen las tortillerías), que no emitan fluidos y gases contaminantes, y sus desechos sólidos sean aceptados por su recolector de basura.
En ese sentido, en ocasiones anteriores, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales expresó su rechazo a esta aprobación y consideró que el Legislativo estaba "abriendo la puerta a la destrucción y la contaminación sin control y socavando directamente el derecho constitucional de los guatemaltecos a vivir en un ambiente sano".
Más sobre el veto de Arévalo
Por medio de un comunicado, el Ejecutivo detalló este miércoles que la entrada en vigencia del Decreto 9-2025 limitaría únicamente a las actividades comerciales la obligatoriedad de contar con evaluaciones de impacto ambiental, dejando fuera a sectores importantes de la economía y a todo el sector público, situación que se determinó que pondría en riesgo al ambiente.
"El veto también responde al análisis jurídico que identifica que el Decreto 9-2025 contraviene la Constitución Política de la República, vulnerando el precepto de seguridad jurídica, los principios generales de igualdad, de irretroactividad de la ley, de preeminencia de los tratados y convenciones internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, así como la obligación constitucional de propiciar el desarrollo del país previniendo la contaminación y manteniendo el equilibrio ecológico", agregó.
De igual forma, el Gobierno reiteró su compromiso de trabajar para consolidar un sistema de licencias ambientales que sean herramientas efectivas de protección a la naturaleza y de abogar por legislación que fortalezca el marco legal, en lugar de debilitarlo o de promover la "impunidad ambiental.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
