El Ministerio Público (MP) le solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que se giren órdenes de captura internacionales contra guatemaltecos vinculados al caso que se sigue por la fuga de 20 privados de libertad de la cárcel de máxima seguridad, Fraijanes II.
Específicamente, la petición planteada por la fiscalía va dirigida a que se pueda efectuar la búsqueda del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez; la exviceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia; y el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez.
La fuga de los 20 pandilleros del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II fue confirmada por las autoridades el pasado 12 de octubre, desatando una intensa operación de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, solo cuatro de ellos han sido recapturados.
En seguimiento de este caso, se emitieron órdenes de captura contra los exfuncionarios del Sistema Penitenciario y Gobernación, a quienes se les acusa de diferentes delitos, incluidos incumplimiento de deberes, cooperación en la evasión, usurpación de funciones y cooperación en la evasión.
Además, las autoridades informaron el pasado 25 de octubre de la aprehensión de 23 guardias del Sistema Penitenciario (SP), en el marco de la investigación. Los detenidos formaban parte de la escuadra "A" y custodiaban a 256 reclusos de la pandilla Barrio 18.
MP solicita retiro de antejuicio contra Arévalo y Herrera
El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, presentó el pasado 29 de octubre una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra el presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León; y la vicepresidenta, Karin Larissa Herrera Aguilar, por su presunta vinculación al caso que se sigue por la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II.
Por medio de un comunicado, el ente investigador detalló que la acción planteada ante el Organismo Judicial busca que se declare la formación de causa para investigar a los gobernantes por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes.
Se indicó que los funcionarios, en su calidad de titulares del Ejecutivo, ostentan la responsabilidad constitucional de garantizar el orden público y la supervisión de las instituciones de seguridad, incluyendo el Sistema Penitenciario.
En ese sentido, el MP consideró que existen razones que justifican la investigación por la presunta omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas ante la situación evidenciada, lo cual motiva la presentación de la solicitud para despojarlos de su inmunidad.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
