El Congreso de la República aprobó las reformas al Decreto 5-2017, Ley de Protección y Bienestar Animal, luego de aprobar una moción privilegiada para conocer en tercer debate las reformas con las que se buscan establecer un marco legal para la protección de los animales.
Estas reformas fueron presentadas ante el pleno con el objetivo de actualizar y reformar las medidas de protección hacia los animales, así como responder a la creciente preocupación por el maltrato animal, con el fin de promover un cambio cultural que fomente la convivencia responsable entre humanos y animales.
Dichas reformas destacan:
- La promoción de jornadas de esterilización y castración felina y canina en situación de abandono o calle.
- Establece un control poblacional de perros y gatos.
- Crea el delito de maltrato o crueldad animal, sancionado con prisión de dos a cuatro años y una multa correspondiente a tres salarios mínimos.
- Sanciona severamente a quien cause la muerte de un animal con sufrimiento, lo envenene, intoxique o sepulte vivo.
Una creciente preocupación
El diputado Alberto Eduardo de León, del bloque legislativo Cabal, presentó la referida iniciativa y destacó que una de las principales motivaciones para impulsar estas reformas es la proliferación de caninos en el departamento de Totonicapán, situación que ha generado problemas sanitarios y de abandono. Para atender este fenómeno, la iniciativa contempla la creación de convenios interinstitucionales con o sin remuneración entre entidades públicas, privadas y organizaciones de protección animal, con el fin de coordinar acciones conjuntas para el control y bienestar de los animales.
Entre las propuestas más relevantes se incluye la creación de albergues temporales, donde se brindará atención médica y refugio a los animales abandonados. Además, se implementará un sistema de identificación por especie, género, edad y condición reproductiva, con el fin de prevenir la proliferación descontrolada de perros callejeros.
Otro punto sensible que incluye la iniciativa es la regulación de la eutanasia animal, que solo podrá realizarse bajo supervisión de médicos veterinarios o zootecnistas certificados, y con la autorización de los propietarios. En casos de abandono, el procedimiento sólo podrá aplicarse cuando, después de seis meses de tratamientos, se compruebe que el animal no puede recuperarse del maltrato sufrido.
Asimismo, promueve la creación de programas de bienestar animal en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y la Comisión Nacional para la Protección de los Animales, fortaleciendo la estructura institucional para velar por todas las formas de vida en el país.
