Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que avanzan en la construcción de un plan interinstitucional para enfrentar a los llamados aparta-parqueos, grupos que cobran por estacionar en la vía pública y que, en muchos casos, están vinculados a estructuras criminales. La iniciativa surgió tras una citación de la bancada Victoria al directorio de la Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (Emetra), donde se revisaron los operativos y controles actuales.
Durante la reunión, el diputado Juan Carlos Rivera cuestionó la falta de resultados en los operativos y el incremento de cobros ilegales en distintas zonas de la ciudad. Los aparta-parqueos exigen pagos altos y, cuando los automovilistas se niegan, sus vehículos son dañados o incluso saqueados.
Rivera detalló que cada punto controlado por aparta-parqueos puede generar entre Q10 mil y Q15 mil al mes. Por ello, insistió en que la problemática debe ser abordada de manera coordinada entre instituciones.
En ese sentido, el gerente de Emetra, Héctor Flores, explicó que estas prácticas no son aisladas: "estas personas forman parte de estructuras organizadas".
Ya hay un cierto nivel de organización detrás de los 'apartaparqueos' (...) Lo que hemos ido notando es que hay estructuras que organizan esto", explicó Flores.
Plan conjunto para frenar el cobro ilegal de parqueo en la vía pública
Como resultado, se acordó instalar una mesa técnica interinstitucional entre el Congreso, Emetra, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para ejecutar un plan conjunto. Este incluirá trabajo de campo, operativos focalizados y acciones legales para liberar los espacios públicos en beneficio de los ciudadanos.
El diputado Rivera añadió que estas reuniones permitirán estudiar posibles reformas legales, incluyendo una iniciativa para incorporar al Código Penal sanciones directas contra quienes cobren por "cuidar" carros en la vía pública.
Flores señaló que actualmente Emetra realiza operativos diarios en todas las zonas de la capital, retirando obstáculos colocados para reservar espacios; sin embargo, reconoció que la alta organización detrás de estas estructuras exige una respuesta más robusta. También sugirió que las autoridades deben comenzar por liberar las áreas alrededor de centros asistenciales y sedes del IGSS, donde los cobros ilegales son frecuentes.
Con la mesa técnica y la propuesta de reformas, las instituciones buscan finalmente desarticular el negocio ilegal que se ha expandido durante años y recuperar el espacio público para los ciudadanos.
Con información de la periodista Dayana Rashon.
