El Tribunal de Mayor Riesgo A suspendió nuevamente el inicio del juicio en contra del militar retirado, Luis Enrique Mendoza, procesado dentro del caso "Genocidio Ixil". Ante esta situación, organizaciones sociales se pronunciaron al respecto exigiendo justicia.
Por medio de un comunicado emitido este miércoles 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, las agrupaciones pidieron el cumplimiento del derecho humano a la justicia para las víctimas del genocidio y criminalización.
Explicaron que para hoy estaba programada la audiencia para el inicio del debate contra Mendoza, quien está sindicado por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra la población Maya Ixil; sin embargo, indicaron que por segunda ocasión no se llevó a cabo.
Con respecto al caso, expusieron que el procesado fungió como Director de Operaciones S-3 del Estado Mayor General del Ejército en marzo de 1982 y junio de 1983 e integró el Estado Mayor de la Defensa Nacional durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio en 2013, aunque después se anuló este proceso.
Añadieron que el debate contra el militar ha sido reprogramado y la nueva fecha fijada es el 27 de abril de 2026, es decir, más de cuatro meses después de cuando se suponía que comenzara esta fase. En ese sentido, cuestionaron el actuar de la justicia.
"Nosotros, los agraviados, consideramos un acto de irresponsabilidad por parte de los impartidores de justicia, pues con ello se busca la impunidad para el acusado y no esclarecer la verdad", manifestaron.
En ese sentido, expresaron su rechazo al retardo del inicio del debate, así como lo que calificaron como un "grave retroceso" de la justicia en casos que juzgan a militares retirados como responsables de desaparición forzada, genocidio, violencia sexual y delitos contra los deberes de humanidad.
Exigen avances en investigaciones por crímenes
Las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno, organizaciones sociales, de derechos humanos y de mujeres y juventudes que suscribieron este comunicado les exigieron al Ministerio Público y a la Fiscalía de Derechos Humanos que actúe de acuerdo a su mandato de investigar a los perpetradores de graves delitos y crímenes para garantizar el derecho a los familiares de las víctimas, quienes, en su opinión, por décadas han buscado la justicia.
De igual forma, plasmaron la importancia de que el Estado de Guatemala cumpla con garantizar el derecho a la memoria, verdad y justicia para las víctimas y sobrevivientes.
"Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que actúen con responsabilidad y claridad garantizando que este proceso avance sin más obstáculos ni demoras", puntualizaron.
