En el Juzgado Segundo Penal se llevó a cabo este viernes, 20 de febrero, la audiencia en la que se conoce una cuestión prejudicial presentada dentro del caso TREP, con la que se busca suspender la persecución penal en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) vinculados al proceso.
El juez Mario Hichos escuchó los argumentos de las partes. El abogado defensor de los togados, Jorge Pinto, expuso que el proceso penal contra sus patrocinados se inició a pesar de que no se agotó el procedimiento administrativo, por lo que pidió que se emitiera una resolución a favor de ellos.
Tras analizar los planteamientos, el togado resolvió admitir la acción interpuesta por la defensa, por lo que fue suspendida la persecución penal en contra de los cuatro magistrados titulares del órgano electoral.
Los magistrados son señalados por el MP de incurrir en anomalías al adquirir el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares utilizado en 2023.
El togado explicó que, si bien el MP había seguido el procedimiento administrativo establecido relacionado con el contrato firmado entre la empresa proveedora Datsys y el TSE, tenía un procedimiento a seguir si en dado caso se pretendía declarar lesivo para el Estado este proceso.
Añadió en su argumentación, al emitir el fallo, que la fiscalía debió seguir esa ruta, pero nunca fue declarada esa lesividad y el contrato está vigente, por lo que ese proceso se debía seguir para poder iniciar un caso por esta adquisición del sistema TREP.
Caso TREP
La fiscalía les atribuye a los magistrados del TSE una serie de irregularidades en el proceso de adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que se utilizó en el proceso de elecciones generales de 2023.
Al respecto, los magistrados han asegurado en distintas ocasiones que se verificó ampliamente que se cumplía con todos los requisitos técnicos, de equipamiento, logísticos y de infraestructura para la transmisión de resultados preliminares de votación.
Sin embargo, el Ministerio Público considera que hubo anomalías, incluso se habla de una posible sobrevaloración. En ese contexto, a los magistrados titulares del TSE se les atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
El ente investigador sostiene que el supuesto fraude se cometió porque los funcionarios denunciados autorizaron la adjudicación y suscripción del contrato de adquisición por Q148 millones, mientras la segunda oferta era por Q113 millones y que, además, incluía hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
