El exaspirante a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), David Alberto Juárez Aldana, interpuso un amparo en contra de la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) con el objetivo de que se vuelva a analizar el tema de la puntuación de los aspirantes.
La acción planteada este martes, 28 de abril, busca que se les reste puntos a todos los candidatos a quienes se les haya tomado en cuenta la experiencia como fiscal y abogado de la defensa pública penal como ejercicio liberal de la abogacía.
Este nuevo recurso se suma a los más de 20 promovidos en el marco del proceso de designación del titular del MP para el período 2026-2030, que actualmente se encuentra en su fase final. Entre las acciones emprendidas se encuentra una que fue admitida por la CC, a través de la cual se dejó sin efecto la nómina de candidatos que había integrado la postuladora.
En cumplimiento de la orden del alto tribunal constitucional, la comisión se reunió el pasado viernes y votó para elaborar un nuevo listado de seis profesionales que ya fue enviado al presidente Bernardo Arévalo para proceder al nombramiento del sustituto de la actual fiscal, Consuelo Porras.
Más sobre el amparo interpuesto
De acuerdo con la acción presentada por el abogado David Juárez, en el marco de la selección de aspirantes a fiscal general no se garantizó el cumplimiento de los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 216 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
En el documento, cuestionó la tabla de gradación utilizada por la Comisión de Postulación, la cual asignó hasta 50 puntos por experiencia profesional. A su criterio, dentro de ese parámetro se habría beneficiado a postulantes que han laborado o actualmente laboran en el Ministerio Público y en el Instituto de la Defensa Pública Penal.
En el amparo se indicó que dicha valoración contraviene normas legales vigentes, al considerar que tanto fiscales como defensores públicos tienen limitaciones para ejercer la abogacía de manera liberal.
Entre los argumentos, el amparista citó el artículo 77 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la que se establece que es incompatible el ejercicio de la abogacía y/o notariado con la función de miembro del MP.
También señaló que el artículo 40 de la Ley del Servicio Público de Defensa Penal determina que el cargo de defensor público es incompatible con el ejercicio privado de la profesión.
Por último, citó el artículo 199 de la Ley del Organismo Judicial, en la que se regula que no podrán actuar como abogados "los funcionarios o empleados públicos que laboren a tiempo completo que han sido nombrados precisamente para actuar, solo podrán hacerlo para la dependencia en la que presten sus servicios".
Asimismo, el accionante señala que esta situación podría vulnerar derechos constitucionales como la certeza jurídica, el derecho de igualdad, el derecho de defensa y el debido proceso dentro del proceso de selección.
En ese sentido, Juárez Aldana busca que se revise la ponderación otorgada a los aspirantes incluidos en la nómina enviada al presidente de la República, con el fin de ajustar los punteos antes de continuar con las siguientes fases del proceso de designación del próximo Fiscal General.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
