El Ministerio de Economía (Mineco), a través del Viceministerio del Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, lanzaron una iniciativa para fortalecer la economía y proteger a los consumidores. Se trata de la Política de Protección a las Mipymes que Sostienen la Canasta Básica, aprobada el pasado 16 de abril, la cual inyectará Q50 millones en financiamiento con condiciones altamente favorables.
El objetivo es mitigar los efectos de la inflación y los altos precios de los combustibles, asegurando la estabilidad en los costos de los productos esenciales que conforman la canasta básica.
La viceministra Elizabeth Ugalde, indicó que la medida busca ofrecer un respiro a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) que son el motor de la producción y comercialización de alimentos básicos.
Al facilitarles el acceso a capital en condiciones preferenciales, se espera no solo aliviar la presión financiera sobre estos pequeños empresarios, sino también contribuir directamente a la reducción de los costos para el consumidor final.
Esta política representa una respuesta a la necesidad de estabilizar los precios de los productos de primera necesidad, que se han visto afectados por el incremento en los costos operativos, especialmente los relacionados con el transporte y la energía.
El plan piloto se sustenta en una asignación de Q50 millones, recursos que provienen del Fondo de la Mipyme, por lo que no representa un egreso adicional del presupuesto.
El Mineco, canalizará estos fondos hacia diversas entidades financieras, priorizando a cooperativas y asociaciones, reconocidas por su cercanía y capacidad para llegar a las Mipymes en todo el territorio.
Dicha cartera otorgará créditos a las entidades financieras participantes con una tasa de interés del 0%. A cambio de este beneficio, dichas instituciones se comprometen a conceder créditos a las Mipymes a una tasa de interés máxima del 5%.
La política establece un período de amortización de seis años tanto para los créditos otorgados por el Mineco a las entidades financieras como para los que estas últimas concedan a las Mipymes.
Esta extensión de tiempo ofrece una flexibilidad considerable, permitiendo a las empresas planificar sus finanzas a largo plazo y realizar inversiones estratégicas.
La política, en su fase inicial, tendrá una vigencia de 24 meses. Sin embargo, existe una clara expectativa de que esta iniciativa sea renovada por un período adicional, lo que aseguraría una continuidad en el apoyo y permitiría consolidar los beneficios a largo plazo para el sector productivo y los consumidores.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*
