El diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), propuso una ley para eliminar la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), la Guardia Presidencial y la Guardia del Palacio Nacional. Durante una entrevista en el programa radial A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el parlamentario explicó los fundamentos y el trasfondo de esta iniciativa legislativa.
Chic subrayó que la SAAS y sus entidades relacionadas consumen anualmente entre 200 y 225 millones de quetzales, una cifra que, según afirmó, podría reducirse significativamente si se suprimieran estas instituciones. Indicó que parte de la motivación de la propuesta es evitar la duplicidad de funciones, pues actualmente no solo la SAAS, sino también la Policía Nacional Civil (PNC) y el Grupo de Acción Rápida (GAR) atienden la seguridad presidencial.
El objetivo central de la iniciativa es trasladar todas las funciones de resguardo y protección presidencial a la División de Protección de Personalidades de la PNC. El diputado argumentó que fusionar estas ocupaciones bajo una sola entidad permitiría eliminar gastos onerosos y cuestionados que se han acumulado no solo durante el actual gobierno, sino en administraciones anteriores.
Detalles de los gastos bajo la lupa
En la entrevista, el legislador reveló que solo en alimentación, la SAAS gasta entre 8 y 10 millones de quetzales al año, incluyendo comidas para el presidente y su familia. Explicó que la mayor parte de estos recursos se destina a la seguridad y gastos del presidente, mientras que el presupuesto asignado a la vicepresidenta es mínimo, a pesar de que la ley equipara su protección.
Entre otros desembolsos, Chic mencionó el uso de fondos públicos para lavandería de trajes, cenas, almuerzos familiares y combustible. Aseguró que estos gastos suelen concentrarse en la figura del presidente y, en algunas ocasiones, en allegados sin cargo oficial, tomando como ejemplo el caso de Miguel Martínez, de quien mencionó que tuvo durante cuatro años personal de SAAS, vehículos y combustibles pagados con dinero estatal.
Viviendas, bonos y falta de transparencia
Respecto al alojamiento de los hijos de la primera dama, Chic señaló que la SAAS destina recursos para alquilar viviendas en Quetzaltenango y San Marcos, con pagos mensuales de 8,500 y 10,000 quetzales respectivamente. Además, indicó que los agentes asignados a estas tareas reciben bonos de alimentación de 1,500 quetzales.
El diputado denunció que la SAAS suele agrupar todos los costos relevantes en grandes rubros, dificultando identificar cuánto se destina a cada comitiva o beneficiario específico. Esto complica la fiscalización y es uno de los argumentos para solicitar la disolución de la institución.
Excesos y privilegios en gastos presidenciales
Chic indicó casos previos, como la adquisición de lentes de sol y artículos de alto costo para expresidentes. Recordó situaciones ocurridas en la administración de Jimmy Morales, donde la SAAS debió reembolsar compras irregulares. Según el diputado, la iniciativa busca evitar que este tipo de erogaciones continúen, previniendo que se utilice al Estado para sufragar privilegios personales.
La propuesta legislativa también apunta a limitar el respaldo estatal a expresidentes, quienes continúan contando con comitivas de seguridad y vehículos a costa del erario. Chic admitió que el secretismo y la falta de desglose detallado de la información, excusados muchas veces en asuntos de "confidencialidad", han impedido una fiscalización transparente en torno a estos gastos.
Casos polémicos: fiestas y privilegios
A propósito de eventos sociales, el diputado recordó el caso de un baby shower celebrado en casa presidencial, cuyos gastos finalmente fueron devueltos tras la polémica. Chic insistió en que este tipo de eventos familiares no deberían financiarse con fondos públicos ni realizarse en instalaciones oficiales.
Además, comentó sobre cenas y agasajos pagados con recursos asignados a la seguridad, hechos que considera deben erradicarse. Su iniciativa propone reencauzar las funciones de protección únicamente a la seguridad legítima del presidente, vicepresidenta y sus familias, sin cobijar actividades que excedan el mandato legal.
