La Superintendencia de Bancos (SIB) destacó los avances que ha logrado Guatemala en el fortalecimiento de su sistema de prevención y combate contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, como parte de una estrategia orientada a proteger la estabilidad económica y fortalecer la confianza internacional en el país.
De acuerdo con la institución, el proceso de modernización inició a principios de la década de 2000, luego de que Guatemala fuera incluida en la denominada "lista negra" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a la ausencia de legislación específica y de mecanismos especializados para detectar operaciones sospechosas.
Como respuesta, el país impulsó importantes reformas legales, entre ellas la aprobación de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en 2001 y su reglamento en 2002, lo que permitió la creación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) como Unidad de Inteligencia Financiera, así como el establecimiento del régimen de Personas Obligadas. Asimismo, en 2002 se aprobó la Ley de Bancos y Grupos Financieros, fortaleciendo la supervisión del sistema financiero nacional.
Estas medidas permitieron que Guatemala saliera de la lista negra del GAFI en 2004, reflejando avances en sus mecanismos de prevención y control. Posteriormente, en 2005, se aprobó la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.
Nuevas normativas promovidas e importancia de su implementación
La SIB recordó que entre 2010 y 2016 el país fue sometido a dos evaluaciones mutuas sobre el cumplimiento de estándares internacionales, procesos que permitieron identificar avances y áreas de mejora. Como resultado, se promovieron nuevas iniciativas para actualizar el marco legal conforme a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
En ese contexto, en 2020 fue presentada la iniciativa de Ley 5820, relacionada con la prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Posteriormente, en 2025, se presentó la iniciativa de Ley 6593, denominada "Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo".
Según la SIB, la aprobación de esta última iniciativa constituye una prioridad estratégica para Guatemala, tomando en cuenta que en 2027 el país iniciará su Quinta Ronda de Evaluación Mutua ante GAFILAT.
La entidad subrayó que fortalecer el sistema nacional antilavado no solo responde a compromisos técnicos internacionales, sino que también contribuye a proteger la economía, generar confianza para la inversión, preservar las relaciones financieras internacionales y reducir riesgos que podrían afectar directamente al sistema financiero y a las familias guatemaltecas.
"La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país", concluyó la institución.
* Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7
