Diversas organizaciones religiosas y comunidades de fe hicieron un llamado a los rectores y decanos de las universidades que integran la Comisión de Postulación para la elección del próximo Contralor General de Cuentas, solicitando que el proceso se conduzca con transparencia, independencia y apego a principios éticos.
A través de un pronunciamiento público, las entidades expresaron su preocupación por la importancia que reviste la elección para la democracia, la fiscalización del gasto público y el fortalecimiento de las instituciones del Estado.
En el documento, dirigido al Foro de Rectores que se reunirá este 15 de julio para elegir a su representante en la Comisión de Postulación, las organizaciones solicitan que no se designe como presidente de la comisión al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos.
Argumentaron que su eventual nombramiento representaría un conflicto de intereses y señalan cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de requisitos para ejercer el cargo, así como denuncias y acontecimientos que, a su juicio, han afectado la confianza en la institucionalidad universitaria.
Asimismo, hacen un llamado a que los rectores de universidades recientemente creadas o vinculadas con actores políticos se abstengan de liderar la Comisión de Postulación, con el fin de preservar la independencia del proceso. También solicitan que la reunión del Foro de Rectores sea pública y ampliamente difundida.
Llamado a evitar conflictos de interés
En cuanto a los decanos que integrarán la Comisión de Postulación, el pronunciamiento plantea cuatro peticiones principales: evitar conflictos de interés y prácticas de favoritismo; garantizar la publicidad y transparencia en todas las etapas del proceso; impedir cualquier manipulación de la tabla de gradación para favorecer a determinados aspirantes; y asegurar que las tachas o señalamientos ciudadanos contra candidatos sean conocidas y resueltas con seriedad.
Las organizaciones firmantes sostienen que las instituciones académicas tienen la responsabilidad de actuar con rectitud ética, especialmente en un proceso que incidirá en la designación de la autoridad encargada de fiscalizar los recursos públicos del país.
