El Juzgado Tercero Penal, a cargo del juez Mynor Moto, revocó la prisión preventiva y otorgó arresto domiciliario a los exdirigentes de los 48 cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Ambos han permanecido durante 15 meses en prisión preventiva y ahora podrán recuperar su libertad al pagar una fianza de 160 mil quetzales.
El abogado defensor, Juan Castro, explicó este miércoles, 5 de agosto, en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas que la caución económica, aunque elevada, fue reunida gracias al respaldo de múltiples sectores, incluyendo la familia, personas de Totonicapán y diputados del Congreso. "Para Luis y Héctor es demasiado dinero, ya que llevan 15 meses sin trabajar", señaló Castro.
Sobre la razón detrás de la decisión judicial, el abogado detalló que el juez argumentó la necesidad de garantizar la continuación del proceso. Además, consideró desproporcional el monto de la fianza y recordó que, según criterios judiciales basados en el principio de inocencia, solo debe garantizarse la presencia de los acusados durante el proceso.
Por aparte, se refirió a las dificultades que enfrentó la defensa que, según mencionó, fueron mayores porque, de los 15 meses en prisión preventiva, 14 transcurrieron sin juez titular, lo que impidió avanzar con pruebas y procedimientos claves. Asimismo, Castro atribuyó parte de la demora a acciones promovidas por la Fundación Contra el Terrorismo, que recurrió a tácticas de litigio para entorpecer el proceso.
Un nuevo cargo, ¿qué significa?
Ayer, durante la audiencia, el juez Moto explicó que, en su momento, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación y una sala analizó el tema y emitió la resolución correspondiente el 22 de mayo 2025, en la cual dio con lugar el planteamiento interpuesto y dictó auto de procesamiento por el cargo de asociación ilícita.
"Queda modificado el auto de procesamiento del 25 de abril de 2025, a efecto que, en cuanto a los hechos y los tipos penales, indistintamente del estado de la investigación o medios de convicción, el auto de procesamiento continúa por terrorismo, obstaculización a la acción penal y el delito de asociación ilícita, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada", dijo.
Al cumplir con la modificación, el togado también ordenó al MP que tome en consideración esta situación de Pacheco y Chaclán.
Para el abogado defensor, esta acusación representa un riesgo considerable para los pueblos indígenas, pues equipara sus estructuras ancestrales con grupos criminales, ignorando su rol histórico en la administración territorial y la justicia local.
"Una repercusión muy grave para pueblos indígenas, porque se equipara las estructuras criminales o el crimen organizado con estructuras ancestrales de pueblos indígenas que han ejercido la función de administración territorial, administración de justicia e interlocución con el Estado histórica. No se puede equiparar el uso de la ley del crimen organizado en función de las actividades que popularmente realizan pueblos indígenas, por eso es importante incluir algunos medios probatorios para explicar que estas estructuras de pueblos indígenas que han existido desde siempre contribuyen con la paz y el desarrollo de las sociedades", dijo.
Sin consecuencias por prisión "injustificada"
Castro también destacó que, si las acusaciones quedaran sin fundamento y el caso se viniera abajo, en Guatemala no existen mecanismos simples para reclamar daños por prisión preventiva injustificada. Sin embargo, no descartan llevar el caso ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para buscar reparaciones.
Respecto al impacto de ser considerados presos de conciencia por diversas organizaciones, el abogado resaltó que la persecución tuvo motivaciones políticas y defendió la legitimidad de las protestas amparadas en el artículo 45 constitucional, que protege el derecho ciudadano a manifestarse en defensa de la democracia y los derechos humanos.
El contexto en el que se desarrolla este caso ha cambiado, según Castro, debido a la nueva administración en el Ministerio Público, que muestra una postura menos confrontativa y más objetiva. El fiscal a cargo avaló la medida sustitutiva, lo que evidencia un cambio de enfoque por parte de las autoridades encargadas de la investigación penal.
Para cubrir la fianza, se requirió el apoyo de múltiples personas y diputados aliados, siguiendo los procedimientos bancarios necesarios para evitar señalamientos de lavado de dinero. Una vez completado el depósito, los exdirigentes regresarán a su comunidad, mientras la defensa se prepara para las siguientes etapas del proceso judicial.
