Un adolescente de 15 años, imputado por homicidio en grado de tentativa, fue liberado bajo arresto domiciliario total tras atacar con un arma cortopunzante a otro menor de 16 años, quien permanece en estado grave y con riesgo vital en un hospital de Chile. La decisión judicial ha provocado controversia y una apelación por parte de la Fiscalía.
El incidente ocurrió el 5 de agosto de 2025, cerca de las 18:00 horas, en la entrada de un centro comercial en el sector céntrico de Puerto Montt. Según la fiscal chilena Nathalie Yonsson, la agresión fue producto de rencillas previas entre ambos adolescentes. La víctima fue trasladada de urgencia tras sufrir una herida grave, y tras una intervención quirúrgica permanece en cuidados intensivos.
Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía solicitó la internación provisoria del menor en un centro cerrado, argumentando la gravedad del hecho, la naturaleza pública del ataque y la posible pena asociada al homicidio frustrado. Sin embargo, el juez de garantía optó por imponerle arresto domiciliario total, la prohibición de acercarse a la víctima y su participación en un programa de rehabilitación, considerando estas medidas suficientes para garantizar la protección de la sociedad.
Ante esta resolución, la Fiscalía presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para revisar la medida cautelar, sustentado en testimonios de testigos, evidencia fílmica y objetos incautados vinculados al ataque.
Polémica liberación de adolescente
Lo que ha causado mayor indignación fue la actitud del adolescente tras su liberación. En sus redes sociales, publicó mensajes en Instagram con frases como "en libertad y k pasa", "feliz en la calle" y "En libertad, hasta el diablo está de mi lado", evidenciando su falta de remordimiento. Estas publicaciones forman parte de los antecedentes que la Fiscalía ha incorporado al proceso.
En Chile, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente regula los procedimientos para menores imputados por delitos graves, permitiendo desde internación en régimen cerrado hasta medidas en medio libre. En casos de homicidio frustrado, la pena puede llegar hasta cinco años en régimen cerrado, pero los tribunales suelen favorecer medidas que promuevan la reinserción social, aun cuando el caso suscite fuerte rechazo público.
