El pleno del Congreso aprobó en la última sesión plenaria con 126 votos, la ley para atender la emergencia por el COVID-19 con la cual autoriza que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos (Usac) realicen las pruebas para detectar el COVID-19.

Esta disposición está contenida en el artículo 13 en la literal “A” de dichas ley, con la cual el Ministerio de Salud, por medio del Laboratorio Nacional de Salud, dejará de ser la única entidad que hará dichas pruebas.

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La normativa hace la salvedad de que el ente rector sigue siendo el Ministerio de Salud y que tanto el IGSS como la Usac intervendrán en los casos que sea necesario.

Los diputados asignaron Q100 millones para ser invertidos en laboratorios específicos de prueba y otros métodos de detección de COVID-19 dentro de la red hospitalaria del país.

También manda al Ministerio de Salud a que de forma obligatoria realice pruebas de detección a toda la población que haya sido declarada en cuarentena y personas con factores de riesgo.

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Paquete de salvataje

El Congreso de la República también aprobó en el decreto legislativo 12-2020 varias medidas económicas para apoyar a la población y al sector productivo durante y después de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Fue aprobada la ampliación del presupuesto de estado para el ejercicio fiscal 2020 por Q3 mil 667 millones de los cuales se asignan Q800 millones para atender la emergencia por la pandemia y Q1 mil 200 millones a favor del Ministerio de Salud.

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El decreto aprobado también faculta a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) para vigilar que no se haya acaparamiento.

La Diaco también debe velar por la disponibilidad y la estabilidad de los precios de medicamentos, servicios, artículos de consumo alimenticio, de limpieza, y prevención de contagios, entre otros.