Luego de 15 horas de discusión, el pleno del Congreso de la República aprobó de Urgencia Nacional el decreto legislativo 12-2020 en el que se establecieron diferentes medidas económicas para apoyar a la población y al sector productivo durante y después de la pandemia del coronavirus COVID-19.
También fue aprobada la ampliación del presupuesto de estado en Q3 mil 667 millones de los cuales se asignan Q800 millones para atender la emergencia por la pandemia y Q1 mil 200 millones a favor del Ministerio de Salud.
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Otras medidas aprobadas son:
- La creación de un fondo de emergencias por un monto de Q1 mil 500 millones de los cuales Q700 millones para remodelación e infraestructura de hospitales y centros de salud, además de equipamiento e insumos médicos.
- Se asignan Q100 millones para que se empleen la realización de la prueba del COVID19.
- A los ministerios de Desarrollo Social y Agricultura, Ganadería y Alimentación, les corresponden Q700 millones más que deberán ser utilizados para el programa de apoyo alimentario y prevención del COVID19.
- Se contempla apoyar a familias y adultos mayores entre en especie o por medio de cupones insumos alimenticios.
Se crea el fondo de protección de capitales por Q250 millones destinado a otorgar créditos a comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito. Otro fondo que figura es de Q500 millones para las micro, pequeñas y medianas empresas.
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Distribuyen atribuciones
El decreto aprobado también faculta a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) para vigilar que no se haya acaparamiento.
La Diaco también debe velar por la disponibilidad y la estabilidad de los precios de medicamentos, servicios, artículos de consumo alimenticio, de limpieza, y prevención de contagios, entre otros.
Esta vigilancia también debe apoyarla las municipalidades y gobernaciones departamentales.
El Ministerio de Salud deberá informar todos los métodos de prevención y cuidados sobre la pandemia del COVID19. Además, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y todas las entidades de salud deberán unirse a las campañas de prevención.
Toda la información también deberá divulgarse en los principales idiomas mayas.
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Moratoria en las colegiaturas
En el tema social, se estableció la prohibición del cobro de multas, moras, gastos administrativos y de intereses generados por atrasos del pago de cuotas que correspondan a centros educativos o universidades, además los estudiantes no estarán sujetos a expulsiones o sanciones.
El pago de las cuotas correspondiente a los sesenta días después de la vigencia de la ley será distribuido en las siguientes mensualidades.
Se propone la exención a donaciones a entidades no lucrativas y todo será canalizado a través de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED- entre otros temas
