El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, emitió un pronunciamiento ante la coyuntura nacional y señaló que se registra una crisis político-jurídica.
A su criterio, esta situación va a empeorar la crisis humanitaria derivada del Covid-19, “acarreando más hambre, pobreza, desempleo e ingobernabilidad”.
En un comunicado emitido este martes, el magistrado de conciencia se refirió a diez puntos específicos relacionados con la pandemia, la alimentación, salud, educación y empleo.
Entre estos destacó que en los primeros cinco meses del año se habían registrado 15 mil casos de desnutrición aguda infantil, una cifra que supera el total de casos en 2019.
“La población que requiere ayuda alimentaria de urgencia se ha duplicado en estos meses y alcanza a 1.2 millones de personas”, refirió el magistrado de conciencia.
Agregó que el 70% de la población escolar en todos los niveles ha quedado excluida del sistema educativo porque carece de equipo de cómputo y conexión de internet.
Rodas aseguró que si se hubiera destinado un centavo de cada quetzal de presupuesto extraordinario aprobado para cerrar la brecha digital, los niños, adolescentes y jóvenes no tendrían esas dificultades y podrían seguir en el sistema educativo durante el confinamiento.
Por aparte, señaló que los diez programas de ayuda creados por el Gobierno para atender a la población afectada por la emergencia sanitaria no han mitigado la crisis.
En su opinión, esto se da debido a su “diseño defectuoso, limitados alcances y bajísima ejecución”, entre otros aspectos, incluido lo que calificó como un sistema opaco de adquisiciones.
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Crisis política-jurídica
Rodas también consideró que a la emergencia sanitaria que refleja una crisis humanitaria se suma una “deliberada” crisis político y jurídica.
En su opinión, el acceso a la justicia universal, pronta y cumplida se encuentra amenazado por el retardo malicioso en la integración de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Apelaciones.
Asimismo, el procurador señaló que existe un “empecinamiento” en desobedecer las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, forzando a la ruptura implícita del orden republicano.
“Inevitablemente esta crisis político-jurídica repercutirá negativamente sobre las capacidades del Estado y de la propia sociedad para atender la ingente emergencia sanitaria y sus dolorosas secuelas sociales y económicas”, enfatizó Rodas.
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