El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, dio a conocer cómo avanza la investigación relacionada con la adquisición irregular de 30 mil pruebas de Covid-19 por parte del Ministerio de Salud.
Durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, detalló que como parte de las pesquisas se ha podido secuestrar el expediente relacionado con la adjudicación y suscripción del contrato para esa compra.
El mismo contiene una carta de compromiso de la empresa Kron Científica e Industrial S.A., proveedora de los test, en donde hace el ofrecimiento de sustituir los insumos si alguno presentara con fallas o algún tipo de imperfección.
A criterio del fiscal, esto es un acto relativamente normal en cuanto a este tipo de suministros, que se realiza en función de que las pruebas tienen una fecha de vencimiento.
En este caso específico del lote de pruebas, el vencimiento está señalado para septiembre de 2021.
Por lo que interpretan que esa carta significa que si para esa fecha no se agotaran existencias, la entidad mercantil estaría en disposición de hacer la sustitución del lote.
En ese sentido, se debe determinar si se materializó la devolución o sustitución de algunas de las pruebas.
En seguimiento a establecer este y otros extremos, la fiscalía y la Policía Nacional Civil realizan este viernes un operativo en las oficinas administrativas y bodegas de la compañía, con el fin de recabar indicios.
Fianza sin ejecutar
Otro punto que se ha podido observar hasta ahora dentro de la documentación que está siendo analizada es que existe una fianza, pero la misma está vencida.
Tenía una vigencia de tres meses desde que se suscribió el contrato administrativo 050-2020 por parte del gerente administrativo financiero con el representante legal de Kron.
Según Campo, llamaría poderosamente la atención que si las autoridades de Salud o seguro social tuvieron conocimiento de las fallas mientras estaba vigente la fianza.
Es algo que se está procurando determinar, porque puede ser un extremo sumamente importante para el análisis que hace la fiscalía.
El entrevistado resaltó que el objetivo de esa fianza es resguardar en todo momento los intereses del Estado y podría haber responsabilidad si no se ejecutó en tiempo o no se tomaron las acciones administrativas que correspondían en su momento conforme a los términos del contrato.
De acuerdo con el fiscal, el responsable directo de no cobrar esa garantía de cumplimiento podría ser la Gerencia Adminsitrativa Financiera de la cartera de Salud, pues fue la que suscribió el contrato y asumió el compromiso por parte del Estado.
Pero tendría que determinarse si esa responsabilidad pudiese alcanzar a las altas autoridades del ministerio, dijo. “Es un extremo que no afirmo, pero se debe estudiar y determinar”, enfatizó el fiscal.
#EUCoronavirus La ministra de Salud, Amelia Flores, explicó cómo se estableció que los 30 mil test para detectar el Covid-19 que fueron adquiridos no contaban con las calidades necesarias para su uso https://t.co/SVEHgL31Uq
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 25, 2021
Añadió que lo cierto es que la fianza no se ejecutó durante el tiempo que estuvo vigente.
Por aparte, el fiscal se refirió a la ruta del dinero. Detalló que se ha comprobado que la empresa recibió de forma íntegra los Q7.3 millones pagados por el Estado por la compra de las 30 mil pruebas.
Y uno de los alcances de la investigación es establecer quién se benefició con ese dinero, si se quedó en las cuentas de la compañía o hay algún indicio de beneficio indebido para algún funcionario.
Apoyo de instituciones
El fiscal Campo dijo que la investigación de este caso ya tiene control jurisdiccional, es decir que ya se tiene juez contralor y se han practicado algunos requerimientos importantes.
Detalló que ya fue convalidado por el juez el secuestro de pruebas que están en resguardo en la Dirección de Área de Salud de Huehuetengo y el hospital de Chimaltenango.
En los próximos días se hará una diligencia judicial en calidad de anticipo de prueba para tomar una muestra representativa de las pruebas resguardadas en esas sedes del MSPAS y con ello se podrá tener información más amplia.
“Estamos con una investigación bastante reciente, pero se ha avanzado consistentemente”, resaltó.
Añadió que para tener mayor precisión en el esclarecimiento de esta situación se pidió apoyo de la Contraloría General de Cuentas.
En lo que respecta a la parte administrativa y financiera, no técnica, se ha pedido la colaboración para examinar el expediente de la adquisición iniciado el 7 de septiembre 2020.
Este finalizó con la adjudicación y suscripción del contrato administrativo y los pagos que se hicieron a la empresa.
#EUCoronavirus Las investigaciones por la adquisición de 30 mil pruebas de Covid-19 posiblemente falsas continúan avanzando. Hasta ahora han permitido recabar indicios para esclarecer lo que ocurrió https://t.co/e1BLcU5yFZ
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 26, 2021
Campo añadió que Oscar Dávila, director de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, se comunicó con él recientemente con él y le dijo que tenían información y documentación, que remitirán al ente investigador.
Además, el entrevistado explicó que la Procuraduría General de la Nación (PGN) ejerce la representación legal del Estado de Guatemala y deberá iniciar las acciones que considere oportunas.
En este tipo de procesos es esa la institución indicada para comparecer en calidad de víctima o de agraviado a cualquier tipo de diligencia que se realice en un órgano jurisdiccional, concluyó.
