Este lunes se dio a conocer una resolución dentro del caso La Línea, en la fase Empresarios. Específicamente contra Jinki Hong, señalado de cometer defraudación aduanera.
El Juzgado de Mayor Riesgo “B” le otorgó medida desjudicializadora de suspensión condicional de la persecución penal por el delito de caso especial de defraudación aduanera.
Ello tomando en cuenta que el sindicado admitió la veracidad de los hechos imputados por el Ministerio Público (MP). Además, se confirmó que Hong cometió el delito de caso especial de defraudación aduanera.
El fallo que lo beneficio se da debido a que realizó los pagos de los impuestos defraudados ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), incluyendo multas e intereses.
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Resolución
En ese sentido, el referido órgano jurisdiccional, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, resolvió fijándole un régimen de prueba por un período de 2 años a Jinki Hong.
De igual forma, con la finalidad de mejorar su condición moral, se le ordenó realizar una donación dineraria por un monto de Q3 mil al Hogar de Ancianos “Casa María”, ubicado en San Felipe de Jesús, Sacatepéquez.
También, con el objetivo de incidir en su condición educacional y técnica, se resolvió que el procesado debía asistir a tres cursos de cultura tributaria en la SAT.
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Sentencian a cinco empresarios implicados en el caso La Línea.https://t.co/I44xSICx2P— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 1, 2020
La Línea
El caso La Línea surgió en 2015 como resultado de investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Se relaciona con la existencia de una estructura delictiva dedicada a la defraudación aduanera. Supuestamente los cabecillas serían el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti, ambos en prisión.
De acuerdo con las pesquisas, al menos 20 comerciantes habrían defraudado al fisco al utilizar los “servicios” de la red delictiva que cobraba comisiones a cambio de ciertas irregularidades.
Los importadores pagaban a cambio de ingresar la mercadería de forma anómala, para lo cual el grupo criminal creaba empresas fraudulentas, usurpaba nombres de compañías y de personas reales para obtener el número de identificación tributaria (NIT).
“Se estableció que los sindicados pagaban sobornos de Q10 mil hasta Q50 mil a los integrantes de la red de defraudación tributaria”, detalla un boletín de la CICIG.
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