El expresidente de la república, Otto Pérez Molina, no será procesado dentro del caso “Red de poder, corrupción y lavado de dinero”.
La Sala Primera de Mayor Riesgo confirmó este miércoles la resolución que lo desvincula del proceso penal por esta investigación.
En enero de 2020, la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, dictó falta de mérito a favor de Pérez Molina y el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez.
En ese momento, la togada determinó que no existían indicios suficientes para procesar a estas personas.
Por caso "Red de poder, corrupción y lavado de dinero", el expresidente Otto Pérez Molina, el expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, y otros señalados, comparecen al Juzgado de Mayor Riesgo D, para audiencia de primera declaración.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 16, 2019
El caso contra Otto Pérez
El caso “Red de poder, corrupción y lavado de dinero” está a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y surgió tras hallazgos hechos dentro de otras pesquisas.
Mientras el personal del Ministerio Público (MP) le daba seguimiento a casos como Construcción y Corrupción, Cooptación del Estado y Negociantes de la Salud se ubicaron indicios que dieron lugar a este nuevo expediente.
También se tuvieron denuncias e información pública a las que el ente investigador y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) les dieron seguimiento.
“Se profundizó en el análisis sobre el ingreso de dineros ilícitos en las campañas políticas y los beneficios generados para diversas personas”, resalta un boletín del MP.
En este se encuentran involucrados exfuncionarios y personas particulares.
#EUNacionales Jueza dicta falta de mérito a favor de Otto Pérez Molina en caso "Red de poder, corrupción y lavado de dinero".https://t.co/gO9pcMAX5i
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 25, 2020
Cobro de coimas
De acuerdo con la FECI, la nueva línea de investigación permitió establecer que existió un grupo de personas con alto poder político que llevaba a cabo una serie de acciones para obtener recursos económicos de forma irregular.
Especialmente se enfocaban en el cobro de comisiones ilícitas, incluso por cifras millonarias.
Supuestamente, grandes contratistas del Estado, especialmente del área de la construcción, concertaron con funcionarios de gobierno la entrega de las coimas para acceder a nuevos contratos y que se les pagara deuda de arrastre.
“Este tipo de red, estaba conformada por un presidente recién electo (Otto Fernando Pérez Molina) y dos secretarios privados del gobierno saliente y entrante”, refiere el expediente sobre el caso.
Los secretarios a los que se hace referencia son Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López.
Se menciona también que empresarios y abogados de alto perfil actuaban junto con estas personas con el mismo fin de obtener ingresos.
