El juez pesquisidor que conoció el expediente de antejuicio contra el juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, recomendó retirarle la inmunidad.
Este martes se conoció que en el informe que envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el togado Eduardo Galván, de la Sala Segunda de Apelaciones, detalló que era conveniente declarar con lugar a formación de causa.
La situación del togado podría ser analizada en la próxima plenaria de los magistrados de la CSJ y, de avalarse el retiro del derecho de antejuicio, el Ministerio Público (MP) podría proceder a investigarlo.
El caso contra Xitumul está relacionado con una denuncia que presentó el inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Cuxaj, en su contra por supuestamente cometer el delito de abuso de autoridad.
El elemento policial señaló al juez de tener una conducta “prepotente y abusiva” al no permitir la revisión del automóvil en donde él viajaba.
En tanto, Xitumul señaló a Cuxaj de supuestamente agredirlo en el marco de un incidente ocurrido cerca del kilómetro 20.5 de la carretera hacia Ciudad Quetzal.
El inspector fue ligado a proceso por el delito de abuso de autoridad por resolución del Juzgado de Mixco.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 4, 2019
Ligan a proceso a agente de la PNC que agredió al juez Pablo Xitumulhttps://t.co/aC62CfVjEv pic.twitter.com/WwCdoRmoqa
Rechazan antejuicios contra jueces
La semana pasada, la Asociación de Jueces por la Integridad se pronunció por las diligencias de antejuicio en contra de la titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, Érika Aifán, y del presidente del Tribunal C, Pablo Xitumul.
La entidad señaló que la función judicial requiere de condiciones mínimas e indispensables para su eficaz ejercicio. Dentro de estas mencionó que se encuentra la garantía de inamovilidad judicial.
“Como un elemento esencialmente inseparable de la administración de justicia que protege a jueces y juezas para resolver los procesos legales sin ningún tipo de amenaza, hostigamiento o persecución espuria”, destacó.
Recordó también que Aifán y Xitumul cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que el Estado tiene el deber de actuar en protección de la independencia judicial y seguridad integral de dichos funcionarios judiciales.
* Con información de Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7
