El abogado defensor de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que están siendo procesados dentro del caso relacionado con supuestas anomalías en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) notificó este lunes 31 de marzo al órgano jurisdiccional a cargo del expediente acerca de una situación irregular que surgió.
Según explicó el profesional del derecho, Jorge Pinto, recientemente se interpuso una denucnia debido a que se realizó la compra de boletos de avión con rumbo a Panamá utilizando los nombres de los funcionarios electorales.
En ese contexto, la defensa presentó hoy ante el Juzgado Segundo de Instancia Penal un memorial en el que le hizo saber lo acontecido y le notificó sobre la denuncia que fue interpuesta para que se investigara el caso.
Situación legal de magistrados del TSE
Los magistrados titulares del TSE, Gabriel Aguilera, Mynor Franco, Ranulfo Rojas e Irma Palencia, fueron despojados de su derecho de antejuicio. Aunque estuvieron fuera del país durante casi tres meses después de que esto ocurrió, posteriormente se presentaron de manera voluntaria ante la justicia.
En ese sentido, se hizo la audiencia correspondiente y un juzgado resolvió ligarlos a proceso penal por el delito de fraude, tomando en cuenta que la fiscalía señala supuestas anomalías en el proceso de adquisición del TREP.
En su momento, los magistrados dieron a conocer los pasos que se siguieron para la compra de este sistema informático utilizado en las elecciones 2023 y aseguraron se dieron conforme a la ley, ante lo cual descartaron haber incurrido en anomalías.
En medio de la resolución de su situación legal, los funcionarios electorales han quedado temporalmente fuera de sus cargos, ya que una resolución judicial les impide acercarse a las sedes del tribunal, por lo que no pueden desempeñar sus atribuciones.
Aunque hace algunos meses el juez Erick García, del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, les había levantado esta restricción, la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal anuló el fallo, así que quedaron en la misma situación que estaban.
Los magistrados continúan bajo medidas sustitutivas, mientras se resuelve su situación legal. Entre estas, tuvieron que pagar una caución de Q700 mil, a lo cual le dieron cumplimiento por medio de una póliza.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
