El Pleno del Congreso de la República aprobó la tarde de este martes 30 de septiembre el Decreto 9-2025, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, la que exonera a iglesias e instituciones benéficas del estudio de impacto ambiental; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advirtió su preocupación ante dichas reformas que promueve la impunidad ambiental.
El diputado de Visión con Valores (Viva), Edín Mejía, presentó la moción para que se conociera la iniciativa 5698, la cual fue aprobada con 98 votos, quien expresó que las iglesias ya construidas debían registrarse y pagar a un profesional para que generara un instrumento ambiental de una construcción ya hecha, "Las nuevas construcciones si deben hacer su estudio de impacto ambiental", manifestó Mejía.
Agregó que las las multas para quienes incumplieran son de Q5 mil hasta Q500 mil a discreción del Ministerio de Ambiente.
El diputado, Julio Portillo también aseguró que la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente es de benefició no solo para las iglesias, sino para pequeños comerciantes como tortillerías.
Mientras que la diputada Ivanna Luján señaló que la Ley no puede ser selectiva hacia un solo sector, porque habría impunidad ambiental.
"Es importante que se abarque a todos los comercios, no privilegieango a un a un sector, que en este caso serian las iglesias", manifestó Luján.
Impunidad ambiental
El Ministerio de Ambiente a través de un comunicado manifestó que la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, promueve la impunidad ambiental, otorga privilegios a grupos sin ningún fundamento técnico, y promueve el incumplimiento de la legislación.
Entre los aspectos más preocupantes se encuentran:
- Limita la obligatoriedad de licencias ambientales únicamente a actividades comerciales, excluyendo al resto de sectores como la agricultura, la industria, la construcción y los servicios, entre otros.
- Reduce las sanciones por incumplimiento a rangos mínimos de entre 2 y 10 salarios mínimos.
- Elimina la responsabilidad de los funcionarios públicos para exigir instrumentos ambientales.
- Contraviene los compromisos internacionales del Estado de Guatemala, particularmente el artículo 17 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que prohíbe debilitar las políticas y normas ambientales para favorecer el comercio.
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*
