El presidente Bernardo Arévalo presentó este lunes 3 de noviembre una denuncia contra el juez "A" del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, Fredy Raúl Orellana Letona, ante la Junta de Disciplina Judicial. La acción surgió en seguimiento a resoluciones que ha emitido con respecto a temas relacionados con las Elecciones Generales 2023.
De acuerdo con información compartida por el Ejecutivo, el mandatario mencionó en la denuncia que, al emitir la resolución de 25 de octubre de 2025 por la que declaró la nulidad absoluta del comité pro formación del Movimiento Semilla y remitió oficio al Congreso de la República y Registro de Ciudadanos, Orellana incurrió en una "falta grave".
"Al variar las formas del proceso y sus incidencias (art.41, literal l) de la Ley de la Carrera Judicial) y en falta gravísima al interferir en el ejercicio de funciones de otros organismos de Estado, sus agentes o representantes (art.42, literal h) de la Ley de la Carrera Judicial", detalló la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
Pide sanciones que alcanzarían la destitución
El Ejecutivo indicó que se solicita que se suspenda provisionalmente de sus labores a Orellana, en virtud de lo regulado en el artículo 52 del Decreto Número 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial.
Además, el mandatario busca que, agotado el procedimiento correspondiente, se declare con lugar la denuncia, estableciendo la responsabilidad disciplinaria por la emisión de la resolución de fecha 24 de octubre de 2025, la cual, en opinión del Gobierno, constituye "falta grave", de conformidad con el artículo 41, inciso b), y "falta gravísima", de conformidad con el artículo 42, inciso h), ambos de la mencionada normativa.
"Estableciéndose que la sanción a imponer es la de destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el Organismo Judicial, según lo regulado en el artículo 43, inciso d), de la referida ley", añadió.
De igual forma, se planteó que, al determinar la sanción correspondiente, se certifique lo conducente al Ministerio Público, por existir indicios de responsabilidad penal por los delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y cualquier otro que se considere.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
