Más de medio centenar de organizaciones sociales, cívicas y académicas urgieron a las universidades privadas de Guatemala a actuar con máxima responsabilidad y transparencia al nombrar a sus representantes ante la Comisión de Postulación de magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La preocupación de la sociedad civil, expuesta en una "Carta abierta" publicada este miércoles, se centra en la integridad de los procesos de elección de los magistrados del TSE, cuya renovación está programada para 2026.
La misiva, firmada por 50 colectivos, fue dirigida a los rectores y decanos de Derecho de las casas de estudio privadas, a quienes se les exige que privilegien perfiles con trayectoria ética y capacidad profesional comprobada, que estén "libres de cuestionamientos o vínculos que comprometan su imparcialidad", buscando resguardar la independencia y solvencia moral de las instituciones.
La sociedad civil subraya que la correcta elección de estas autoridades es un "momento decisivo" para fortalecer la democracia y el Estado de derecho en el país, ya que la calidad de los funcionarios electos será determinante para garantizar la legitimidad de las próximas elecciones generales de 2027 y 2031. Por ello, demandan que los designados ante la comisión actúen con principios de publicidad, objetividad y transparencia, promoviendo el pluralismo democrático.
La preocupación se ha intensificado debido a que el proceso para la Comisión de Postulación de magistrados del TSE ya se ha iniciado.
El pasado 11 de noviembre, el Congreso de la República convocó formalmente a la integración de esta instancia, que tendrá a su cargo la evaluación y elaboración de una nómina final de 20 candidatos. De esa lista, los diputados deberán elegir a cinco magistrados titulares e igual número de suplentes para el periodo 2026-2032.
Este proceso se enmarca en un año crucial, dado que durante 2026 también se renovarán, mediante elecciones de segundo grado (mecanismos internos por órganos colegiados), magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Fiscal General de la República y el titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
También se designarán nuevas autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB), el Banco de Guatemala (Banguat) y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Todos estos nombramientos son considerados vitales para la vigencia del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción.
A principios de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a Guatemala a implementar reformas legales para asegurar que la selección de altos funcionarios se rija por estándares interamericanos, priorizando el mérito, la capacidad y la independencia, y exigiendo que los procesos estén "libres de injerencias políticas".
De igual forma, la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática ha llamado a la máxima publicidad y transparencia en las sesiones de las Comisiones de Postulación.
Vía EFE
