El Juzgado de Turno tenía previsto desarrollar este miércoles, 21 de enero, la audiencia de primera declaración de tres presuntos integrantes de la pandilla del Barrio 18 capturados por su vinculación con los ataques efectuados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC); sin embargo, la misma fue suspendida.
En la sala de audiencias se hacían los preparativos para llevar a cabo esta diligencia, en la que se resolvería la situación legal de los sindicados. Esto se desarrollaba a puerta cerrada, pues a pesar de que el caso no se encuentra en reserva, no se permitió el acceso a los medios de comunicación.
Las personas comparecerían por medio de videoconferencia, pero con el paso de los minutos se conoció que no se logró establecer la conexión que permitiera el desarrollo de la diligencia.
"En el centro de detención donde se encuentran no están dejando ingresar personal. Por lo tanto, no fue posible enlazar con el juez competente para que fueran escuchados en la audiencia señalada para hoy", explicó Alex Morales, abogado defensor de los sindicados.
En ese sentido, debido a que no se habilitó la sala de videoconferencias del Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18, la audiencia se suspendió y se reprogramó para el 28 de enero, a las 10:00 horas.
De acuerdo con el profesional del derecho, los presuntos pandilleros están señalados del delito de asesinato en grado de tentativa. En esta fase, el juzgado a cargo deberá dilucidar si los sindicados enfrentarán o no proceso penal y, si se llegar a dictar el auto de procesamiento, también se determinará si permanecerán en prisión o podrán recuperar su libertad.
Ataques simultáneos contra policías
Diez policías fueron asesinados el domingo por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines el sábado.
Debido a la ola de violencia, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, declaró el domingo por la noche un estado de sitio que se extenderá por 30 días y que permite a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial.
El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.
