La Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó este miércoles su "preocupación" por las recientes decisiones judiciales que alteran la seguridad jurídica y la transparencia en los procesos de renovación de las altas cortes y las principales instituciones de control en Guatemala, unos nombramientos muy esperados por diferentes colectivos anticorrupción del país centroamericano.
Carlos Ayala, jefe de la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala, destacó ante el Consejo Permanente el impacto de unos cambios abruptos en la forma de elegir los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país.
A pocas horas de la votación, un amparo legal provisional excluyó a profesionales de "ciencias afines" (politólogos, internacionalistas y criminólogos) que integran el Colegio de Abogados, los encargados de votar a los nuevos integrantes de la Corte.
Ayala advirtió que esta modificación del padrón afecta la legitimidad de la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país.
Procesos determinantes para Guatemala
La Misión Especial de la OEA enfatizó que durante 2026 el país enfrentará procesos determinantes para su democracia, incluyendo la renovación de la Fiscalía General, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Contraloría General de Cuentas.
Entre esos nombramientos destaca el de un nuevo fiscal general, lo que supondrá la salida de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público desde 2018 y sancionada por por EE.UU. y la Unión Europea su presunta implicación en actos de corrupción.
La gestión de Porras ha estado rodeada de fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales por supuestos actos de corrupción, por encabezar una ofensiva judicial contra fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, y por su papel en los intentos de bloquear la candidatura y posterior investidura del actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.
Así, según la OEA, estos procesos de renovación deben garantizar la selección de personas con idoneidad para asegurar la independencia judicial.
"Modificar en la fase final de un proceso electoral quiénes pueden ejercer el derecho al voto no solo afecta el derecho de asociación, sino que vulnera los principios de seguridad jurídica e igualdad, y debilita la confianza en el proceso de elección de autoridades tan relevantes para el país", afirmó Ayala en su comparecencia.
Asimismo, el jefe de la Misión criticó la exclusión de entrevistas públicas en la selección de candidatos al TSE, señalando que esta falta de publicidad limita la auditoría social.
"La exclusión de entrevistas públicas en el proceso de integración de la nómina de candidaturas al Tribunal Supremo Electoral restringe la transparencia del proceso, la igualdad de oportunidades entre aspirantes, su evaluación pública y la posibilidad de una auditoría social informada", advirtió Ayala.
En la misma sesión, la representante de Guatemala ante la OEA, Claudia Escobar, coincidió en la relevancia de estos procesos, advirtiendo que el país se juega la posibilidad de evitar la influencia del crimen organizado en su sistema de justicia y fortalecer la independencia judicial con apoyo internacional.
