El Ministerio Público (MP) rechazó de manera categórica el comunicado emitido por la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que se refirió a la postulación de la fiscal general, María Consuelo Porras, quien presentó su expediente para optar a magistrada titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) en representación del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
La Misión señaló que toda designación debe descansar en órganos electores regularmente integrados, con procedimientos transparentes y criterios objetivos que refuercen su legitimidad. "La Misión ha señalado reiteradamente que la regularización y renovación oportuna del CSU de la USAC es indispensable para preservar la legalidad, legitimidad y certeza jurídica de la designación que le corresponde ante la CC.", indicó la OEA en un comunicado.
La Misión señaló que mientras persista el incumplimiento de la sentencia de la CC que ordena renovar al CSU, cualquier designación que realice ese órgano se desarrolla en un escenario cuestionado que posteriormente puede causar impugnaciones y tensiones constitucionales.
El MP rechazó el comunicado de la OEA ya que constituye un señalamiento infundado, espurio y de evidente tinte político, que desconoce deliberadamente el marco constitucional, legal e institucional del sistema de justicia guatemalteco.
Postulación
Porras, sancionada por corrupción por los Estados Unidos de América y la Unión Europea, presentó este viernes 6 de febrero su expediente para participar en el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Esa casa de estudios confirmó que, Porras acudió a la sede de la Secretaría General de la referida casa de estudios para entregar su papelería y poder ser tomada en cuenta para integrar el alto tribunal constitucional en el período 2026-2031.
La gestión de Porras ha estado rodeada de fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales por presuntos actos de corrupción, por encabezar una ofensiva judicial contra fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, y por su papel en los intentos de bloquear la candidatura y posterior investidura del actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.
