La expectativa en torno a la selección de los seis candidatos que enviará la Comisión de Postulación al presidente de la República, Bernardo Arévalo, para elegir al próximo fiscal general crece en medio de intensas jornadas y decisiones complejas. En la etapa más reciente, la fiscal general en funciones, Consuelo Porras, logró una calificación sobresaliente de 92.33 puntos, la más alta entre todos los aspirantes, y varios candidatos ya superaron la barrera de los 75 puntos requeridos.
Patricia Gámez, portavoz de la postuladora y presidenta del Colegio de Abogados, explicó este viernes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que aún quedan por analizar al menos diez expedientes.
"No logramos terminar la evaluación de la totalidad de los expedientes, quedaron temas entrampados que nos quitaron tiempo", señaló Gámez. Si bien el cronograma contemplaba tener la lista definitiva hoy, la comisión está abierta a modificarlo para asegurar un proceso objetivo y transparente.
Sobre la posibilidad de hacer esos cambios en el cronograma o realizar votaciones en horarios poco habituales, fue enfática: "Sería una barbaridad votar de madrugada teniendo tiempo suficiente para hacerlo en condiciones transparentes y con acceso público".
Gámez considera fundamental que la sociedad tenga la posibilidad de seguir el proceso en horario hábil, porque "el país está cansado de recibir noticias importantes de madrugada, sin suficiente visibilidad". Además, recordó que los comisionados deben razonar en público la honorabilidad de cada postulante en caso de votación, lo que refuerza la necesidad de transparencia.
Desacuerdos y debates en la comisión
Gámez compartió que durante el tiempo de funcionamiento que lleva la comisión, dos temas principales han provocado amplios debates internos: la valoración de experiencia penal y la legitimidad de ciertos documentos para acreditar años de ejercicio profesional. Gámez subrayó que ya no se trata de valorar requisitos básicos, sino de ponderar méritos, experiencia y capacidad de manera numérica. Estas discusiones requirieron más tiempo del previsto, pues se debatía si ciertos aspectos debían considerarse mérito suficiente para otorgar puntuación adicional.
Uno de los momentos más comentados fue la abstención de voto de Gámez y del doctor Luis Ruano (representante de la Universidad Mariano Gálvez) al evaluar un documento específico. "No consideré una tesis cuestionada como mérito suficiente para otorgar ventaja a un aspirante", aclaró Gámez sobre su decisión.
Consultada sobre su sentir al abstenerse en un momento decisivo, Gámez aclaró que actúa guiada por su propia convicción y no en función de la opinión de otros. "Emito mi voto basado en mis razonamientos y convicciones; no me preocupa cómo votarán los demás", aseveró.
Limitaciones y desafíos
La comisión de postulación solo puede medir la experiencia profesional en términos de temporalidad, según Gámez. "No existe una forma de medir la calidad del ejercicio profesional, solo la cantidad de tiempo desempeñado", reconoció, lo que evidencia límites en el proceso y subraya la importancia de criterios objetividad.
Además del análisis de méritos, consideró que la comisión también enfrenta presiones externas. Un ciudadano presentó una denuncia penal en su contra, recordó Gámez, acusándola de seis delitos por su postura sobre la calificación de la experiencia profesional de ciertos candidatos. Ella lo calificó como un acto de intimidación y destacó que cada comisionado debe abstraerse de estas presiones para cumplir con su labor de forma responsable.
Las discusiones más tensas, según Gámez, surgen en puntos donde no hay consenso, aunque resaltó que, fuera de esos momentos, el ambiente es profesional y cordial.
La jornada de la postuladora continúa este viernes en el Palacio de Justicia, marcada por la expectativa y el compromiso de brindar información clara sobre las decisiones de la Comisión de Postulación, en un proceso considerado de alto interés nacional.
