El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se pronunció este lunes 20 de abril con respecto a su exclusión del proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) luego de que la comisión de postulación le otorgara una calificación de 41.86, sobre 100 puntos, al no validar sus años de ejercicio profesional. Además, anunció que presentará acciones legales para intentar esclarecer la situación y, eventualmente, poder retomar su participación.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, detalló que sus acciones incluyen una solicitud de aclaración ante la Comisión de Postulación para comprender el criterio utilizado, así como un amparo preventivo. Este último buscará que un tribunal de amparo analice su caso y determine si se han violado sus derechos constitucionales, con el fin de que se reconozca su trayectoria profesional desde su colegiación como abogado.
El caso de Villeda ha captado la atención tomando en cuenta la carrera que registra en el Organismo Judicial y la forma en que su situación fue abordada por la postuladora, ya que el pasado viernes se discutió durante más de cinco horas por parte de los comisionados si se avalaría o no el ejercicio de más de 30 años como juez que ha tenido el aspirante.
E
l punto central de la controversia radica en la interpretación del ejercicio profesional. La Comisión de Postulación evaluó los años de experiencia a partir de la inscripción y el registro de abogados de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, Villeda argumenta que este criterio es incorrecto para jueces, ya que los jueces tienen prohibición de litigar y ejercer el notariado.
Según el ministro, el registro de abogados de la Corte Suprema de Justicia, regulado en el artículo 196 de la Ley del Organismo Judicial, es necesario para quienes se dedican al ejercicio privado de la profesión o al notariado. Los jueces, en cambio, están sujetos a la Ley de la Carrera Judicial y a un régimen disciplinario y registro especial interno de la Corte Suprema de Justicia, lo que los exime de la obligación de inscribirse en el registro general de abogados si no ejercen privadamente.
A pesar de su determinación, Villeda reconoció que el futuro de sus acciones legales es incierto. Expresó su esperanza de encontrar un juez independiente que comprenda la gravedad y la injusticia de la situación.
Su objetivo es que se le reconozcan los 50 puntos de ejercicio profesional que le fueron restados, lo que lo situaría en aproximadamente 91.8 puntos en la tabla de evaluación. Sin embargo, aclaró que obtener esos puntos no garantiza su ingreso automático a la lista final de seis candidatos, ya que aún necesitaría diez de los quince votos de los comisionados para integrar la terna que se enviará al presidente de la República.
Preocupación en el gremio y precedentes
La decisión de la Comisión ha generado inquietud no solo entre jueces, sino también entre fiscales. Villeda reveló haber recibido numerosas llamadas de colegas preocupados, ya que muchos de ellos tampoco están inscritos en el registro de abogados de la Corte Suprema, pues su profesión solo les exige ser abogados y tener el colegiado activo. Esta situación, advierte Villeda, crea una disparidad y discriminación entre quienes litigan en el ámbito privado y quienes, por su función pública, no lo hacen.
El ministro recordó que no es la primera vez que se presenta esta situación. En 2014, cuando participó para Fiscal General, la misma Comisión de Postulación solicitó el registro de abogados y notarios. En aquella ocasión, la comisión entendió que el requisito no le aplicaba por ser juez y no estar obligado a dicha inscripción. Villeda enfatizó que su trayectoria y la claridad de su situación nunca han estado ocultas.
Por aparte, respecto a su inscripción en el registro de la Corte Suprema de Justicia en febrero de este año, Villeda aclaró que lo hizo para cumplir con un requisito formal de la Comisión de Postulación. Explicó que uno de los documentos exigidos era una constancia de no haber sido inhabilitado como abogado, y para obtenerla, era indispensable inscribirse. Tomó la decisión de registrarse para evitar que su expediente fuera rechazado, a pesar de considerar que, como juez, la inhabilitación no le aplicaba al no haber litigado nunca.
Independientemente de lo que ocurra con las acciones que planteará, se consultó durante la entrevista a Villeda sobre su independencia, dada su actual posición en el Ejecutivo. Ante ello, reiteró lo que ya expuso ante la Comisión de Postulación: su compromiso es con la Constitución y las víctimas del delito.
Explicó que no proviene del mundo político, sino de la judicatura, y que su nombramiento como ministro de Gobernación fue una invitación del presidente, a quien no conocía previamente. Subrayó la necesidad de aplicar el "principio de ingratitud" para garantizar la autonomía del Ministerio Público, una entidad que ejerce control sobre la administración pública.
