El Organismo Ejecutivo anunció este miércoles, 6 de mayo, la entrada en vigor del Decreto Gubernativo Número 7-2026, mediante el cual se declara Estado de Prevención en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango.
Según el documento publicado en el diario oficial, la medida responde a la necesidad de contrarrestar hechos de violencia atribuidos a grupos del crimen organizado, incluyendo maras y pandillas, así como a reforzar la seguridad pública y el orden en zonas consideradas de alto riesgo.
El Ejecutivo argumentó que la decisión se fundamenta en informes de seguridad emitidos por entidades competentes y en la necesidad de garantizar la protección de la vida, la libertad y los bienes de la población.
La implementación de este estado ocurre en un contexto en el que las autoridades han reiterado su disposición de reforzar la seguridad en el país, principalmente en sectores donde en los últimos meses se han reportado incidentes vinculados a estructuras criminales.
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Vigencia y medidas que contempla
De acuerdo con el decreto, el Estado de Prevención tendrá una vigencia de 15 días, periodo durante el cual las autoridades podrán implementar acciones extraordinarias para preservar la seguridad ciudadana. Asimismo, se señala que las medidas buscan fortalecer la capacidad del Estado para responder de forma coordinada ante amenazas al orden público.
Entre las disposiciones contempladas se incluye la posibilidad de limitar reuniones públicas, disolver manifestaciones que se tornen violentas y restringir la circulación en determinadas áreas y horarios.
El decreto también establece que las acciones deberán aplicarse respetando los derechos humanos y los principios de legalidad y proporcionalidad, en concordancia con compromisos internacionales suscritos por el país.
Las autoridades indicaron que las instituciones de seguridad y defensa trabajarán de manera conjunta para ejecutar operativos y mantener el control en las áreas afectadas. Además, se instruyó a las entidades públicas a coordinar esfuerzos y presentar informes periódicos sobre los resultados de las medidas adoptadas.
El Gobierno aseguró que la disposición no afectará el funcionamiento de instituciones democráticas ni limitará el derecho de los ciudadanos a interponer recursos legales.
Analistas y organizaciones civiles han señalado la importancia de que estas medidas se apliquen con transparencia y supervisión, a fin de evitar abusos y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
