El presidente Bernardo Arévalo confirmó este miércoles, 17 de junio, que ya fue sancionado el decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. A la vez que destacó que esta es una herramienta importante para hacerle frente a la circulación de los fondos de origen ilícitos que durante años han manejado los grupos criminales.
"Por años los narcotraficantes, bandas criminales y corruptos llenaron sus bolsillos con total impunidad. Sin controles, sin fiscalización, sin castigo. ¡Eso está por terminar!", expresó sobre el tema el mandatario a través de un mensaje difundido en redes sociales.
El mandatario agregó que con esta ley se está protegiendo y fortaleciendo la economía de las familias guatemaltecas, a través de la lucha contra la criminalidad y corrupción que se ofreció a la ciudadanía por parte de su administración.
Esto porque, según sus palabras, si una economía es infiltrada por el lavado de dinero y el crimen organizado, se elevan los riesgos de invertir en negocios y como resultado se hace muy difícil crear empleo y acceder a créditos.
Asimismo, señaló que la economía criminal alimenta la delincuencia que ha causado tanto dolor y ha llevado a vivir con miedo a los guatemaltecos.
Finalmente, resaltó que la Ley Antilavado es una herramienta poderosa para avanzar hacia una economía más limpia, justa y transparente.
Acerca de la nueva Ley Antilavado
La nueva legislación unifica en un solo régimen jurídico las disposiciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incorporando además el tratamiento transversal del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a los estándares internacionales promovidos por el GAFI. Entre los principales cambios destaca la adopción de un enfoque basado en riesgos, que armoniza las obligaciones de prevención bajo una misma terminología y estructura normativa.
Para las personas obligadas, la reforma representa una simplificación significativa de los procesos de cumplimiento. La normativa establece un único Manual de Prevención, procedimientos de reporte unificados y una sola autoridad supervisora con competencia integral. Además, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) se consolida como el interlocutor técnico único, reduciendo los riesgos de incumplimiento involuntario que podían surgir de la dispersión y complejidad del sistema anterior.
La aprobación de esta ley responde también a diversos compromisos internacionales asumidos por Guatemala en la lucha contra los delitos financieros. Estas disposiciones promueven la identificación de beneficiarios finales, el fortalecimiento de los controles en el sistema financiero y sectores vulnerables, así como la cooperación internacional y la recuperación de activos ilícitos.
La actualización normativa cobra especial relevancia ante la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al país en febrero de 2027, proceso que medirá el grado de cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
